La federación planteó como referencia el modelo de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones del Ayuntamiento de Madrid, que establece el deber de los propietarios de mantener los inmuebles en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato y accesibilidad, y habilita al consistorio para exigir la ejecución de obras obligatorias cuando estas condiciones no se cumplen, incluso mediante actuaciones subsidiarias en caso de incumplimiento.

Según informó Famma Cocemfe, el actual escenario presenta una “importante fragmentación competencial y operativa” que dificulta la intervención de las administraciones locales ante situaciones de inaccesibilidad en portales, ascensores, itinerarios comunes o elementos esenciales del edificio. A juicio de esta entidad, esta circunstancia "genera desigualdad territorial y deja sin una respuesta ágil y eficaz a personas con discapacidad, mayores o con movilidad reducida".

Famma propuso el desarrollo de un marco normativo que permita a los municipios requerir a las comunidades de propietarios la ejecución de obras de accesibilidad cuando sean legalmente exigibles y establecer procedimientos de mediación. Además, asesoramiento técnico para facilitar acuerdos vecinales; impulsar actuaciones subsidiarias en casos de incumplimiento cuando existan situaciones de especial vulnerabilidad; y coordinar ayudas, subvenciones y financiación para la eliminación de barreras arquitectónicas. Finalmente, que se creen registros y sistemas de seguimiento del grado de accesibilidad del parque residencial.

Una parte significativa del parque de viviendas en la Comunidad de Madrid (CAM) presenta "déficits de accesibilidad que afectan directamente a la autonomía personal, al envejecimiento activo y a la permanencia en el domicilio". La falta de ascensores, rampas o itinerarios accesibles provoca “situaciones de aislamiento social, dependencia sobrevenida y, en muchos casos, traslados forzosos a recursos residenciales o sanitarios”, añadió Famma. “La accesibilidad no puede depender exclusivamente de la capacidad de acuerdo de una comunidad de vecinos. Es un derecho vinculado a la igualdad, la autonomía personal y la vida independiente”, precisó.

Famma considera que una normativa específica de coordinación territorial aportaría "beneficios" como garantizar "la igualdad de derechos con independencia del municipio de residencia y reducir conflictos vecinales mediante mecanismos de mediación pública. Además, aceleraría "la ejecución de obras obligatorias por ley", además de "optimizar el uso de recursos públicos a través de una gestión coordinada de ayudas. La normativa 'ad hoc' ayudaría a "prevenir situaciones de dependencia y aislamiento y favorecería el envejecimiento en el hogar reduciendo costes futuros en servicios sociales y sanitarios".

LA FUNCIÓN MUNICIPAL

El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de situaciones de movilidad reducida hacen “imprescindible” reforzar el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía, dotándolos de herramientas jurídicas y operativas para actuar con rapidez y eficacia. Famma solicitó a la CAM y al resto de administraciones competentes la apertura de un proceso de trabajo conjunto con el movimiento asociativo y las entidades locales para el desarrollo de esta normativa, que calificó de “estratégica y urgente”. “La accesibilidad en los edificios residenciales es una cuestión de derechos, de cohesión social y de eficiencia pública. Los municipios deben poder actuar cuando una persona no puede salir de su casa por falta de accesibilidad”, concluyó Famma.

La necesidad de esta regulación se ve respaldada, según los datos del Gabinete de Accesibilidad Universal de la propia federación, por el hecho de que el 87,2 % de las denuncias por barreras arquitectónicas registradas en 2025 correspondieron, según la federación, a "problemas sin resolver en viviendas inaccesibles debido a conflictos con las comunidades de propietarios".

Por último, esta entidad informó de que el próximo martes participará, junto al Ayuntamiento de Torrejón, la Federación de Municipios de Madrid y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, en la jornada ‘Accesibilidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, como eje de la ciudad sostenible’, en la que se abordará esta cuestión y otras relacionadas con la mejora del parque residencial.