Así se pronunció en un comunicado emitido tras conocer el borrador del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como a la dispensación de medicamentos, sometido en la actualidad al trámite de audiencia y consulta pública, y en el que urgió a seguir aplicando el índice corrector a todas las farmacias que actualmente se benefician de la medida, “sin distinción de su ubicación”.

Tras valorar “positivamente” que el texto tenga en consideración la “especial trascendencia” de las farmacias que atienden a la población de “zonas deprimidas” y a falta de un estudio del impacto económico sobre el “alcance” de las modificaciones, el Cgcof consideró que el proyecto comparte el reconocimiento de estas farmacias como el "primer eslabón" de la cadena sanitaria y, "en muchas ocasiones, el único agente sanitario al que tiene acceso permanente la población rural". "Además, constituyen un elemento de cohesión social y de desarrollo, actuando como factor de arraigo y fijando población, lo cual tiene un impacto marcadamente positivo de cara a afrontar el reto demográfico", abundó.

Por ello, estimó que las medidas propuestas deben “completarse” con otro tipo de iniciativas que atiendan a su situación de “vulnerabilidad” económica y profesional derivada del aislamiento y despoblación del área donde se ubican, de la obligación de prestar un servicio permanente con un elevado número de guardias, o la dificultad para ampliar los servicios asistenciales o incorporar nuevas tecnologías.

ÍNDICE CORRECTOR

Entre las propuestas para garantizar la “viabilidad y sostenibilidad” del modelo de farmacia, el Consejo General urgió a seguir aplicando el índice corrector a todas las farmacias que actualmente se benefician de la medida, “sin distinción de su ubicación”. “Todo ello, con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal”, sentenció.

En paralelo, planteó un “ambicioso” conjunto de actuaciones para “fortalecer” la atención sanitaria y social que desarrolla la red de farmacias, especialmente desde el ámbito rural, entre las que destacan la aplicación de incentivos fiscales o la remuneración de los servicios de urgencia.

Junto a ello, también abogó por la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) en beneficio de la población a la que atienden y entre los que se incluyen programas de adherencia, seguimiento y cronicidad; sistemas personalizados de dosificación; conciliación de la medicación al alta hospitalaria y participación en programas y actividades de salud pública, prevención, cribado y detección precoz de enfermedades.

Además, reclamó el desarrollo de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, impulsando su colaboración en detección de personas en riesgo de vulnerabilidad y atención social; la asistencia a drogodependientes; la detección de situaciones de abandono o soledad de personas mayores o la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual.

Finalmente, exigió la inclusión de las farmacias en los diferentes mecanismos de apoyo al ámbito rural, en especial a los fondos destinados a proyectos de innovación tecnológica, facilitando que la población rural acceda a estos servicios “en las mismas condiciones de igualdad y equidad que la población urbana”.

“Todas y cada una de estas propuestas responden a la actitud constructiva y vocación de servicio de la profesión farmacéutica, comprometida con los desafíos a los que se enfrenta nuestro Sistema Nacional de Salud, como el fortalecimiento de los distintos niveles asistenciales, especialmente la Atención Primaria; el envejecimiento; el reto demográfico; o la transformación digital”, apostilló.