Así lo advirtió la federación en un comunicado en el que analizó los datos aportados por el informe oficial ‘Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030’, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

En este contexto, su presidente, Ignacio Fernández-Cid, indicó que “no estamos ante una dificultad coyuntural, estamos ante un déficit estructural que pone al sistema de dependencia ante una emergencia nacional”. “Hoy faltan 160.000 profesionales y las proyecciones oficiales reconocen que harán falta cientos de miles más”, señaló, convencido de que el sistema “está funcionando muy por encima de su capacidad real y eso tiene consecuencias directas sobre la atención y sobre los propios profesionales”.

Los perfiles “más afectados” son, según la federación, gerocultores, auxiliares, personal de ayuda a domicilio y enfermería, con “especial gravedad” en la atención domiciliaria, donde el crecimiento de la demanda es “exponencial” y las “dificultades” para cubrir puestos son “ya estructurales”.

“En la actualidad, existen servicios, especialmente de ayuda a domicilio, que directamente no se están prestando por falta de profesionales disponibles, una situación que compromete la continuidad asistencial”, indicó la federación, cuyo presidente añadió que hay centros que “no pueden cubrir turnos, servicios que reducen actividad y atenciones que no llegan a prestarse”, al tiempo que aseveró que “esto no es eficiencia, es una señal clara de agotamiento del sistema”.

SISTEMA INVIABLE

En este punto, señaló que las cifras oficiales “confirman” que el sistema “ya está infradimensionado y no está preparado para el impacto demográfico que se avecina”. “Sin profesionales suficientes, cualquier reforma del modelo de cuidados será inviable”, apostilló.

“No se puede construir un sistema esencial sobre salarios bajos, parcialidad forzada y desgaste físico y emocional. La dependencia no pierde profesionales: los expulsa”, denunció.

La FED recordó que España invierte en torno al 0,9% del PIB en dependencia, según estimaciones del estudio de Fedea, frente a una media europea cercana al 1,8% del PIB y que la situación es “especialmente grave” en el entorno rural.

Por todo ello, hizo un “llamamiento urgente” en el marco de una “década decisiva” y reclamó “medidas excepcionales e inmediatas” como la planificación estatal obligatoria de profesionales con horizonte 2030–2040, un plan de choque en formación, homologación de títulos y contratación en origen, la actualización automática de los precios de concierto vinculada a IPC, SMI y convenios colectivos, una “mejora real” de las condiciones laborales y del reconocimiento social del cuidado y “avanzar de forma efectiva en la coordinación sociosanitaria”.

“No actuar ahora tendrá un coste social inasumible. O reforzamos el sistema con financiación y profesionales, o asumiremos un fracaso colectivo en la atención a las personas más vulnerables”, concluyó Fernández-Cid.