Así se desprende del documento sobre la regla de gasto para las comunidades autónomas publicado este martes y elaborado por los investigadores Fernando González (Universidad Complutense de Madrid) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla y Fedea).

Fedea señala que la recuperación de las reglas fiscales después de la pandemia presenta una oportunidad para revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas, que se encuentran entre los gobiernos subcentrales más endeudados de Europa.

González y Martínez precisaron que la regla de gasto nacional vigente no está suficientemente conectada con un objetivo claro de reducción de la deuda y agregaron que el sistema actual, basado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presenta limitaciones importantes cuando se aplica al nivel autonómico.

Si bien la regla de gasto puede conducir, en algunos casos, a una posición fiscal neutral, no conlleva necesariamente a una senda creíble de disminución del endeudamiento. De hecho, algunas comunidades autónomas mantienen niveles de deuda muy alejados de la referencia legal del 13% del PIB regional.

El trabajo de Fedea propone una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad, con incorpora un mecanismo explícito de reducción de deuda. El gasto permitido debería evolucionar de acuerdo con una estimación prudente de los ingresos estructurales o tendenciales de cada comunidad autónoma, pero descontando, además, el esfuerzo necesario para aproximar gradualmente su deuda a un nivel de referencia.

Para González y Martínez, esta propuesta tiene tres ventajas. Por un lado, vincula el gasto a una variable más cercana a la realidad presupuestaria de las comunidades autónomas, como son sus recursos no financieros.

Además, introduce una trayectoria previsible de reducción de deuda, con una senda plurianual compatible con la sostenibilidad financiera, por lo que no se trata solo de limitar el crecimiento del gasto año a año.

Por último, la propuesta mejora los incentivos de cumplimiento y neutraliza el hecho de que los incumplimientos puedan consolidarse en el tiempo, con lo que se debilita su eficacia.

Asimismo, el trabajo plantea un techo de gasto plurianual, preferiblemente alineado con el ciclo político de cuatro años, que permitiría corregir desviaciones dentro del periodo sin convertir cada incumplimiento anual en una nueva base permanente.

La regla propuesta por Fedea en este estudio funciona como una “regla de gasto con freno de deuda”. De esta manera, a largo plazo, el gasto debe seguir la evolución de los ingresos, pero con una corrección adicional cuando la deuda se sitúa por encima del objetivo.

Cuanto mayor sea la distancia entre la deuda observada y la referencia deseada, mayor será el esfuerzo exigido. A la vez, el diseño permite modular la intensidad del ajuste mediante parámetros transparentes.

REDUCCIÓN GRADUAL

El estudio contempla simulaciones para las comunidades autónomas, que reflejan que la regla permitiría limitar el crecimiento del gasto y reducir la deuda de forma más previsible que el marco vigente. En el escenario principal, la deuda autonómica agregada se reduciría de forma gradual, con diferencias entre regiones en función de su punto de partida.

La regla no implica necesariamente una restricción uniforme ni permanentemente más severa que la regla oficial. Su grado de exigencia depende de la situación de partida de cada comunidad y los parámetros elegidos para la senda de ajuste.

Si se da más peso a los ingresos recientes, la regla puede reconocer mejor los aumentos de capacidad fiscal. Si se amplía el periodo de convergencia de la deuda, el ajuste anual se suaviza. Para Fedea, de esta forma se combina disciplina fiscal con realismo político.

Por otro lado, el diseño tiene una propiedad estabilizadora, ya que, al basarse en ingresos tendenciales, la regla evita que los aumentos coyunturales de recaudación se traduzcan automáticamente en mayor gasto permanente. Así, sin recurrir a estimaciones complejas del ciclo económico, el mecanismo introduce una orientación fiscal más prudente y menos procíclica. La propuesta también encaja con la nueva orientación de la gobernanza fiscal europea, que concede más importancia a los planes plurianuales, a las sendas de gasto y a la sostenibilidad de la deuda.