Así lo pusieron de manifiesto los expertos Miguel Ángel García, Alfonso Sánchez y Ángel de la Fuente en un informe en el que indicaron, además, que el MEI “no contribuye precisamente a mejorar” la “equidad intergeneracional” del sistema de pensiones y “presenta serios problemas de diseño que parecen ser fruto de una redacción apresurada y poco meditada”.

Como explican estos economistas, el MEI tiene tres componentes. El primero es una subida transitoria de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales (cinco décimas a cargo de la empresa y una a cargo del trabajador) que se aplicará entre 2023 y 2032. Los ingresos adicionales obtenidos por esta vía se destinarán a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que podrá utilizarse de 2033 en adelante para ayudar a financiar el gasto en pensiones contributivas.

El segundo componente del MEI regula la activación de esa ‘hucha’ y limita las disposiciones de activos del mismo a un máximo de 0,2 puntos de PIB anuales. Y el tercero señala que si esas dos décimas de PIB son insuficientes, se abrirán negociaciones con los agentes sociales para buscar otras soluciones, que podrían incluir subidas de cotizaciones u otros aumentos de ingresos como recortes de gasto.

ESFUERZO MÁS ELEVADO

Según el informe de Fedea, el MEI no garantiza el equilibrio intergeneracional ya que, en “en el mejor de los casos, los jóvenes percibirán en el futuro una pensión “en condiciones similares a las actuales, pero se les exigirá un esfuerzo de cotización más elevado que a sus mayores”.

Además, advierte de que una subida de seis décimas de las cotizaciones sociales generará previsiblemente unos ingresos anuales en torno al 0,20%, lo que supondría unos 2.200 millones de euros en 2020, “una cuantía muy inferior a la que sería necesaria para restaurar la sostenibilidad del sistema”. De hecho, Fedea recuerda que la Seguridad Social presentaba en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia y del inicio del trasvase de su déficit al Estado, un agujero de unos 16.600 millones de euros.

Asimismo, subraya que las previsiones existentes sitúan el coste del núcleo de la contrarreforma de pensiones en curso, medido en términos de gasto adicional en 2050, entre los 3,2 y los 4,7 puntos de PIB. “Pero ese incremento del gasto no llegará de golpe en 2050, sino que se irá generando de hoy en adelante, absorbiendo un volumen acumulativo de recursos muy significativo durante las próximas tres décadas”, auguran los expertos de Fedea.

No obstante, Fedea puntualiza que el MEI no pretende resolver “por sí solo los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, sino sólo sustituir” al factor de sostenibilidad, si bien asegura que “la medida se queda corta”.

Frente a las cuatro o cinco décimas de PIB de ahorro anual que el factor de sostenibilidad generaría en promedio hasta 2050, el MEI sólo aportaría con certidumbre dos décimas durante 10 años a través de su primer componente. El resto podría provenir del tercer componente, pero eso exigiría un acuerdo con los agentes sociales que podría ser complicado de alcanzar, así como la adopción de nueva legislación”, añade Fedea.