El estudio valoró de forma positiva la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, si bien a su juicio no es más que “un primer paso en la simplificación del sistema” y no explota todas las posibles ganancias de la reducción del peso de sus elementos.

Fedea y BBVA Research plantearon que la eliminación del Fondo Climático y el IVA Pymes, presentes en el modelo presentado por Hacienda, y tras un periodo de transición en el que también se eliminen las compensaciones de statu quo deberían aumentar el grado de nivelación. Esto debería ir acompañado, además, con una mejor medición de la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales.

El resultado de todo ello permitiría recortar en varios miles de millones el coste de la reforma para el Estado y reducir sensiblemente las reordenaciones y la desigualdad en financiación por habitante ajustado.

Fedea y BBVA Research también apuntó que la actual distribución de la financiación por habitante ajustado del sistema actual presenta los peores resultados en términos de equidad.

Asimismo, la nivelación media también presenta indicadores de desigualdad y arbitrariedad muy elevados. En este sentido, el estudio reconoció que la propuesta del Gobierno reduce apreciablemente el grado medio de nivelación hasta el 91%, pero también el peso de los elementos ad hoc del modelo, que cae del 16,5% al 5,2%.

Esto permite una mejora “muy sustancial” de casi todos los indicadores de equidad, aunque con un coste considerable para el Estado, de más de 15.000 millones de euros al año.

No obstante, pese a la caída del grado medio de nivelación, la dispersión total de la financiación y la arbitrariedad de su reparto se reducen de forma significativa. La desviación estándar del índice de financiación por habitante ajustado se reduce de 7,4 a 5,4, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiadas se reduce de 26,2 a 18,1 puntos.

Fedea y BBVA Research consideraron que para que se puedan materializar los potenciales avances del sistema de financiación se necesita que las partes aborden la cuestión “con ánimo constructivo un proceso real de negociación” y se pueda superar la tendencia al bloqueo por la defensa del statu quo en la que caen las comunidades autónomas.