En concreto, esto supondría prácticamente duplicar los recursos de esta prestación, que el año pasado supuso para las arcas del Estado un gasto superior a los 6.000 millones de euros -incluyendo las prestaciones no contributivas- y con el que el estado ayudó a 673.000 hogares (unos dos millones de personas).

Gracias a esta ayuda, recordó De la Fuente, el estado ha conseguido reducir un 6% la tasa de pobreza severa, con un coste fiscal "reducido" en comparación con su impacto fiscal. En relación con el Ingreso Mínimo Vital, los expertos coinciden en que su creación en 2020 representó un avance relevante en la política social española, al establecer por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos con el objetivo de reducir la pobreza severa y ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos.

"Desde su implantación, el IMV ha contribuido a mejorar la protección de las familias, reforzando especialmente el apoyo a los hogares monoparentales y con menores a cargo", indicó de la Fuente, quien también lamentó que esta prestación presenta "limitaciones estructurales" que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias debido a "barreras de acceso" y a una "gestión compleja", marcada por "la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos".

De la Fuente indicó que a estas dificultades hay que sumar que genera problemas de incentivos laborales, pues la retirada completa de la ayuda cuando aumentan los ingresos puede desincentivar la aceptación de mejores empleos o más horas de trabajo. "aunque la compatibilidad temporal con las rentas del trabajo atenúa parcialmente este efecto, los expertos coinciden en que resulta insuficiente para favorecer una inserción laboral sostenida", advirtió, a la vez que señaló que la "falta de armonización territorial", la "coexistencia con rentas mínimas autonómicas heterogéneas" y la "necesidad de mejorar el cálculo de las rentas", incorporando el alquiler imputado.

¿POR QUÉ NO LLEGA A TODOS LOS BENEFICIARIOS?

En el acto de presentación, también participó el profesor de Economía de la UNED Luis Ayala, quien señaló que el IMV "llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias" lo que "limita sensiblemente su eficacia". "Aunque este porcentaje no difiere del de otros países con sistemas más consolidados, el IMV deja fuera a hogares especialmente vulnerables. La responsabilidad de esta baja demanda no deber atribuirse a las personas potencialmente beneficiarias, sino al diseño y a la gestión del programa", aseguró Ayala, quien indicó que su desarrollo fue "un gran reto" para el sistema de gestión de la Seguridad Social, poco habituado a aumentos tan rápidos de la demanda y a las características de los posibles perceptores.

Por otra parte, a pesar de que se han despejado algunas barreras institucionales, su diseño se "aleja de la realidad de pobreza" de muchas personas, al persistir "rigideces en el procedimiento administrativo, periodos dilatados de tramitación y resolución, normas complejas, un régimen excesivamente estricto de comprobaciones y las dificultades de comprensión de todo el proceso por parte de los solicitantes”.

En la misma línea se manifestó Ángel de la Fuente, quien indicó que “una parte importante de las personas que cumplen los requisitos no solicita el IMV por diversas barreras de acceso relacionadas con su diseño y gestión", entre las que destacó la "complejidad administrativa, la falta de información o las dificultades para acreditar rentas o patrimonio". "A ello se suma una coordinación insuficiente entre la Seguridad Social y los servicios sociales de las comunidades autónomas, lo que reduce la capacidad de detección y acompañamiento de los potenciales beneficiarios", denunció De la Fuente.

CAMBIOS EN SU FUNCIONAMIENTO

Interrogados sobre cuáles serían los cambios más pertintentes en el diseño del IMV, Ayala señaló que “lo más urgente" sería implementar cambios normativos para no dejar fuera del programa a la población más excluida y hacer la prestación autómaticas. "Las situaciones de gran vulnerabilidad son, por naturaleza, inestables, lo que contrasta con la rigidez de muchas de las exigencias para acceder al IMV, como la definición de las unidades de convivencia o los requisitos de empadronamiento. En muchos casos, la precariedad en el acceso a la vivienda dificulta acreditar el domicilio", advirtió.

Asimismo, indicó que una disfunción "especialmente preocupante" es la devolución de los cobros indebidos, que puede generar niveles de endeudamiento familiar "imposibles de asumir". "Lo más urgente es la simplificación del proceso de solicitud y aligerar las exigencias de documentación. Algunos programas que funcionan eficazmente en otros países emplean procedimientos más ágiles", remacho.

Para Ángel de la Fuente el secreto pasa por una gestión "más próxima y coordinada" y, por ello, propuso transferir la gestión a las comunidades autónomas, dada su cercanía a los servicios sociales y al mercado laboral, lo que facilitaría "una atención más eficaz y una mejor integración con las políticas de inserción".

Asimismo, planteó la necesidad de hacer un seguimiento de los resultados del actual esquema de compatibilidad temporal. "Si se llega a la conclusión de que no está funcionando correctamente, habría que estudiar la posibilidad de establecer esquemas alternativos de incentivos, más en la línea de un impuesto negativo, junto con un reforzamiento de los requisitos de activación de los beneficiarios de la prestación", avisó De la Fuente, quien también considera "prioritario" incorporar el alquiler imputado en el cálculo de la renta y ajustar las escalas de equivalencia al estándar de pobreza utilizado por Eurostat, con el fin de medir mejor la capacidad económica de los hogares.

Por último, recomendó integrar en el IMV los bonos energéticos y otras ayudas complementarias, "simplificando el sistema de prestaciones", y "analizar posibles correcciones territoriales que tengan en cuenta las diferencias de precios y costes de vida entre regiones”.