Así lo desvela un nuevo documento elaborado por investigadores de la fundación que, en marco del 20 aniversario de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD), analiza los “principales retos” del sistema español de cuidados de larga duración, según precisó la fundación en un comunicado.

El estudio, firmado por Sergi Jiménez-Martín, de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Economics y Fedea, y Analía Viola, de Fedea, examina la situación del sistema desde una perspectiva comparada internacional, analiza su arquitectura institucional, el empleo generado por el sector y los patrones de gasto y financiación y concluye, según la entidad, que, “pese a los avances recientes”, España “sigue gastando poco” en dependencia en comparación con los países de su entorno y mantiene “importantes desigualdades territoriales en el acceso a las prestaciones”.

En concreto, según los datos analizados, España destina actualmente entre el 0,9% y el 1% del PIB a cuidados de larga duración, frente a una media del 1,8% en la OCDE y porcentajes que alcanzan entre el 3% y el 4% del PIB en los países del norte de Europa y, también en términos de gasto sanitario, la dependencia representa en España poco más del 10% del total, “muy por debajo del promedio europeo”, según la fundación.

“Este menor esfuerzo financiero resulta especialmente llamativo en un país con una de las mayores esperanzas de vida del mundo y una población envejecida en rápido crecimiento”, reivindicó la fundación, al tiempo que explicó que el documento subraya que el sistema se sostiene en buena medida gracias al cuidado informal, prestado fundamentalmente por mujeres dentro del ámbito familiar, un coste “invisible” que no aparece en los presupuestos públicos pero que, a su juicio, “tiene importantes consecuencias sociales y económicas”.

LIMBO DE LA DEPENDENCIA

El análisis reconoce “avances significativos” desde 2021, “especialmente” tras el aumento de la financiación estatal y el denominado Plan de Choque, que han permitido reducir “de forma sustancial”, según la fundación, el número de personas en el llamado “limbo de la dependencia”.

“El problema no es homogéneo: mientras algunas comunidades autónomas presentan tiempos de tramitación reducidos, otras acumulan retrasos muy elevados, lo que plantea serios problemas de equidad territorial”, explicitó.

17 SISTEMAS DISTINTOS

La entidad admitió que la “descentralización” del SAAD ha permitido “adaptar” los servicios a las “características” del territorio, pero también ha dado lugar a una “elevada dispersión en la cartera de prestaciones y en la intensidad de la atención” y lamentó que, “en la práctica, coexisten diecisiete modelos distintos de atención a la dependencia”.

“Aunque la ley nació con el objetivo de priorizar los servicios profesionales, cerca del 40% de las prestaciones actuales son de carácter económico, especialmente para cuidados familiares. Estas prestaciones, si bien más baratas para la Administración, refuerzan la dependencia del cuidado informal y limitan el desarrollo de un sector profesionalizado de cuidados”, apostilló.

SECTOR CLAVE

En este contexto, puntualizó que el de la dependencia es un “sector clave para el empleo”, con más de 700.000 personas ocupadas y un crecimiento “sostenido” en los últimos años, si bien persisten en él “problemas estructurales” como bajos salarios, elevada parcialidad y temporalidad, una feminización “extrema” del empleo y una “creciente dependencia de la mano de obra inmigrante”.

En este sentido, la mejora de las condiciones laborales y la formación del personal es “un elemento central para garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema”, según el estudio.

PRINCIPAL DESAFÍO

El documento concluye que el “principal desafío” del sistema de cuidados de larga duración en España es avanzar hacia un modelo “más equitativo, sostenible y menos dependiente del cuidado informal”. “Para ello, resulta imprescindible contar con una financiación estable y predecible, mecanismos homogéneos de acceso en todo el territorio y una evaluación sistemática de la calidad de los servicios”, defendió la fundación.

Según sus cálculos, de cara al futuro, el gasto público en dependencia podría situarse entre el 1,8% y el 3% del PIB en 2050 si España “converge con los estándares europeos” y el documento subraya la necesidad de una estrategia nacional basada en la evidencia que permita garantizar el derecho a la atención a la dependencia, “con independencia del lugar de residencia, aunque ajustada a las condiciones del territorio”.