Fedea publicó este miércoles un análisis de la autora Judith Arnal en en el que analiza cóha cambiado la naturaleza del desafío económico que China plantea a España y la Unión Europea, y cuál sería la mejor forma de abordarlo.

A juicio de Arnal, debe rechazarse el debate en términos de “China sí o China no”, así como responder al gigante asiático con nuevos aranceles o pujar por cada fábrica con más subvenciones.

En el caso de España, el trabajo identifica unos 14.500 millones de euros en operaciones completadas de inversiones chinas, proyectos en construcción y anuncios desde 2019, la mayoría desde 2024.

Pero de ese dinero, solo 1.700 millones corresponden a operaciones ya completadas, 6.100 millones a proyectos en construcción y 6.800 millones a anuncios aún no materializados. "Lo relevante", subraya el estudio, "es cuánto se ejecuta realmente, no cuánto se anuncia".

Arnal sostiene que España, como segundo productor de automóviles de la UE pero carente de un gran fabricante de capital nacional, “tiene razones para mantener una postura abierta", "pero apertura no equivale a aceptación incondicional”.

La experta propone “cuatro filtros” para valorar estas inversiones: el valor añadido real que permanece en España (frente al mero ensamblaje); el arraigo y autonomía operativa de la planta respecto a la matriz (licencias, software, proveedores, conocimiento); que las ayudas públicas se vinculen a inversión ejecutada y a hitos verificables, no a anuncios; y los riesgos de seguridad y dependencias críticas.

SOLIDARIDAD

En lo que se refiere a la posición de la UE ante China, desde Fedea se defiende que dado que la política comercial es común pero los costes de la represalia pueden concentrarse en unos pocos Estados, la Unión necesita mecanismos de solidaridad que reduzcan esos costes.

“La estrategia recomendada no es la autosuficiencia, sino la diversificación selectiva de los cuellos de botella donde coincidan alta concentración en China, pocas alternativas y elevado impacto estratégico”, indica el análisis.

La clave, según el estudio, es usar cada instrumento para el problema que realmente puede resolver: en comercio, distinguir competencia de distorsión y proteger solo cuando esté justificado, sea temporal y facilite el ajuste; frente a la coerción, anticipar vulnerabilidades y repartir los costes de la respuesta entre Estados miembros; y en inversión, mantener la apertura como regla general, y condicionar el dinero público y reservar el control de inversiones para los riesgos de seguridad.

“Para España, la pregunta decisiva no es cuánto capital anuncia China, sino cuánto se ejecuta realmente, qué funciones productivas permanecen en el país, qué dependencias genera cada proyecto y qué capacidad de control conserva el inversor”, concluye Judith Arnal.