Así se desprende de un trabajo de Fedea elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, y publicado este lunes, en el que también se calculó que esas cantidades suponen entre un 1,5% y un 3,7% del PIB. Las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario concentraron la mayor parte de este coste, mientras que las rentas del capital mobiliario son las que menos peso tuvieron.

Tras descontar los casi 10.000 millones de euros de IRPF recuperado en 2022 mediante actuaciones de control de la Agencia Tributaria, el coste recaudatorio neto se situó entre 11.300 a 41.300 millones de euros, el equivalente a entre el 0,8 y el 3% del PIB.

Fedea alertó de que estas cifras ponen de relieve que la brecha fiscal en el IRPF representa un volumen de recursos comparable al de algunas de las principales partidas del gasto público.

Por tanto, urgió a abordar este problema desde el punto de vista de las finanzas públicas, ya que la brecha fiscal reduce la recaudación, genera desigualdad entre contribuyentes y puede obligar a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen.

El trabajo publicado este lunes también señaló que la brecha estimada debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que además de la ocultación deliberada de rentas, puede recoger otros conceptos, como elusión fiscal o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes.

Esta brecha fiscal no debe confundirse con la economía sumergida, que engloba también actividades ilegales o empleo no registrado e implica además a otros impuestos.

Vallés y Zárate puntualizaron que otros países realizan estimaciones oficiales periódicas para evaluar el cumplimiento fiscal y guiar sus políticas de control, mientras que en España todavía no se dispone de estimaciones oficiales sobre este indicador.

MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL

Para realizar este estudio, se comparó la renta declarada en el IRPF, obtenida a partir de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes, con la renta real de los hogares procedente de la Contabilidad Regional de España, y se procedió a realizar algunos ajustes, ya que ambas fuentes no resultan plenamente comparables.

El porcentaje de renta real que se declara constituye el grado de cumplimiento fiscal, y la diferencia respecto al 100% constituye la brecha fiscal. El análisis se centró en las categorías de renta para las que la correspondencia entre ambas fuentes de información resulta fiable: rentas del trabajo, rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, y rentas del capital mobiliario, como precisó Fedea en un comunicado.

Los resultados mostraron una mejora sostenida del cumplimiento fiscal agregado en el IRPF a lo largo del periodo analizado. A comienzos de los años 2000, la renta declarada representaba en torno al 70-75% de la renta real, y en los últimos años se ha elevado a la franja del 80-85%.

Sin embargo, esto resultó insuficiente, porque la brecha fiscal siguió siendo elevada y en 2022, la renta no declarada ascendió a casi 112.000 millones de euros.

Por tipo de renta, las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%. El sistema de retención en origen limita de forma eficaz las posibilidades de ocultación.

Por el contrario, las rentas distintas del trabajo, que tienen una trazabilidad administrativa mucho menor, muestran niveles de cumplimiento fiscal más bajos y en 2022 seguía habiendo una brecha fiscal de casi la mitad de estas rentas.

ANÁLISIS TERRITORIAL

El análisis territorial mostró una mejora generalizada del cumplimiento fiscal agregado en todas las comunidades autónomas y una reducción de las disparidades regionales. Las mayores mejoras se registraron en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha; mientras que los avances más moderados correspondieron a Asturias y Aragón.

Por tipo de renta, el cumplimiento fiscal en las rentas del trabajo mejoró en todas las comunidades, si bien fue más intenso en las regiones con mayor margen inicial. Esto ha favorecido una clara convergencia territorial.

En el caso de las rentas del trabajo, la evolución fue más heterogénea. Por ejemplo, en Madrid experimentaron progresos muy significativos, mientras que en otras, como Murcia o Asturias, apenas mejoraron. El resultado, a juicio del estudio de Fedea, es un mapa de cumplimiento fiscal más polarizado que hace dos décadas.