Los altos funcionarios censuraron que el Gobierno haya sacrificado “la piedra angular” del Estado Social, como es un sistema de Seguridad Social único y unitario, para garantizar su “agónica y estéril supervivencia”.

El traspaso de competencias supondrá la cesión de las 30 oficinas y 534 trabajadores de los que dispone el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en el País Vasco, para la gestión de unas prestaciones que actualmente perciben unos 51.000 beneficiarios por una cantidad anual de 822 millones de euros, según expuso Fedeca.

“La transferencia anunciada supone un paso más, en un proceso que se anuncia como irreversible, ya que no solo incluye el subsidio, de carácter asistencial sino la propia prestación de desempleo, de carácter contributivo”, avisaron en su comunicado, al tiempo que alertaron de que lo siguiente serán las pensiones o los subsidios de incapacidad temporal o nacimiento o cuidado de menor.

Para Fedeca, estas cesiones desembocarán en “la sustitución del actual sistema de Seguridad Social, único e igual en derechos y deberes” en uno fragmentado en comunidades autónomas.

La asociación de altos funcionarios insistió en que las prestaciones de Seguridad Social no pueden depender del lugar de residencia, sino que deben ser iguales en todo el territorio nacional y, por ello, el Estado “ni puede ni debe renunciar a sus competencias atribuidas constitucionalmente”.

“Solo así se garantizarán la uniformidad del sistema y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso y por el que apelamos a la responsabilidad de los diferentes partidos políticos y agentes sociales”, recalcó.