Los altos funcionarios señalaron en un comunicado que esta modificación normativa “amplía de forma injustificada” el alcance de una excepción que el legislador configuró “como extraordinaria y estrictamente motivada”. En su opinión, esta decisión puede “desvirtuar” la regla general que reserva determinados puestos directivos de la Administración General del Estado (AGE) a funcionarios de carrera.

El pronunciamiento de Fedeca se produce unos días después de que el Gobierno nombrara a Pablo Sánchez-Blanco Mancera nuevo director general del Tesoro y Política Financiera, en sustitución de Carla Díaz Álvarez de Toledo, que asume la presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Pese a ello, Fedeca recalcó que su intención de estudiar acciones legales trasciende casos concretos y expresaron su preocupación por el “uso y abuso” de modificaciones normativas para ampliar el ámbito de excepciones que deben ser extraordinarias.

La presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, aseguró que la Federación no cuestiona la capacidad profesional de ninguna persona, sino que las excepciones se conviertan en regla. “La profesionalización de la Administración no puede quedar al albur de cambios normativos que debiliten los principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia que deben regir nuestras instituciones”, señaló.

Fedeca recordó que la Constitución establece que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de mérito y capacidad. También apuntaron que la normativa establece como regla que los directores generales sean nombrados entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. Las excepciones solo están permitidas cuando las especiales características de las funciones del órgano así lo justifiquen de forma expresa.

La Federación insistió en que esta reserva funcionarial no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía institucional al servicio de la ciudadanía. Su finalidad es asegurar que quienes ejercen funciones de dirección pública y ejercen potestades administrativas lo hagan desde la profesionalidad, la objetividad, la independencia y el sometimiento exclusivo al interés general.

Ercoreca advirtió de que esta modificación del Gobierno pone en juego el modelo de dirección pública en España y debilita “uno de los pilares esenciales de una Administración profesional, independiente y al servicio de todos los ciudadanos”.

La Federación subrayó que no cuestiona la capacidad profesional, la trayectoria ni la vinculación al sector público de Pablo Sánchez-Blanco Mancera y recalcó que posición se dirige exclusivamente a la modificación normativa y al precedente institucional que esta puede generar.