“El Gobierno de España se tiene que comprometer a la legislatura que tenemos ahora mismo, que es hasta el año 2027. Hablar de un futuro de 2028, cuando no sabemos qué panorama habrá, es un fraude de ley a nuestro parecer, porque debería también estar amparado por el Congreso”, expresó Ercoreca en sus declaraciones a los medios durante la jornada 'La Administración Pública en el Exterior: medidas para servir mejor a los españoles'.

Fedeca también lamentó que la subida salarial, de hasta el 11,4% por el efecto arrastre, “se quedará en nada” si no se tiene en cuenta el IPC real. En este sentido, Ercoreca recordó que, desde 1982, un empleado público “ha perdido más del 44% del poder adquisitivo” y apuntó que se seguirá en esa línea si las revalorizaciones no se vinculan al IPC real.

El acuerdo alcanzado la semana pasada selló un incremento del 11% entre 2025 y 2028, aunque podría llegar hasta el 11,4% por el efecto arrastre.

Los trabajadores públicos recibirán un incremento del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos. En 2026, tendrán una subida del 1,5%, a la que se sumará un 0,5% si el IPC es igual o superior al 1,5%. Fuentes de Función Pública dan por hecho que esa variable se cumplirá, ya que las proyecciones de inflación para ese año se sitúan, como mínimo, en el 1,7%.

Los salarios de los empleados públicos se revalorizarán un 4,5% en 2027 y añadirán un 2% en 2028.

Para Fedeca, estas cifras son “inferiores al coste de vida” y desacordes con las estimaciones de inflación que barajan tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Además de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo, a Fedeca también le preocupan otros factores como la volatilidad de la energía o la evolución del precio de la vivienda o el alquiler, que afecta sobre todo a los jóvenes que acceden a la Administración y muchas veces tienen que desplazarse a otra ciudad.

Pese a las críticas, Fedeca valoró “positivamente que haya una senda de incrementos”, pero insistieron en que “estén ligados con el IPC real”.

Asimismo, los altos funcionarios del Estado consideraron positivo que se reduzcan los tiempos de espera en las ofertas de empleo público, ya que esos plazos a veces generan “desigualdad en el funcionario porque está cobrando como funcionario en prácticas”.

En cuanto al impulso de la carrera profesional, Fedeca recalcó su defensa de un sistema basado “en los principios de igualdad, mérito y capacidad” y se opuso a “una promoción vertical donde se le ayude al funcionario sin haber acreditado los conocimientos”.

“Lo que necesitamos y queremos y demandamos es una Función Pública basada en la excelencia, en el principio de igualdad, mérito y capacidad. Por eso defendemos procedimientos transparentes, basados en la igualdad, donde solo se valore si la persona conoce o no conoce y tiene los méritos para que pueda desempeñar esa función con el mejor estándar y la mejor calidad”, recalcó Ercoreca.

La presidenta de Fedeca también advirtió de que la media de funcionarios en España es inferior a la media de la Unión Europea (UE) y avisó de que en el futuro se producirán muchas jubilaciones que obligarán a renovar la Administración Pública.

TRABAJADORES PÚBLICOS EN EL EXTERIOR

En estas jornadas de la Administración Pública en el exterior, la presidenta de Fedeca apuntó al “incremento de la carga del trabajo del personal” que trabaja fuera de España, que tienen que atender a 3 millones de españoles en el extranjero, frente a los 900.000 que había en el año 2000.

“Es obligación de las Administraciones Públicas realizar también una evaluación de riesgos psicosociales, no solo para el personal por cuenta ajena, en el caso de las empresas, sino también para el personal funcionario o empleado público”, insistió.

Esto obliga a medir la carga de trabajo y facilitar los recursos materiales y personales necesarios para dar respuesta a la “especificidad del trabajo de los funcionarios o de los empleados públicos en el exterior”.

Asimismo, pidió revisar los permisos por fallecimiento de un familiar para los trabajadores que estén fuera del país, responder a las cuestiones relacionadas con la educación de los hijos de los empleados públicos fuera del país y, en términos generales, “igualdad de condiciones” con los trabajadores públicos en España.