Para ambas organizaciones, el hecho de que el alto tribunal ratifique la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual consolida el reconocimiento del crimen como un delito de odio y marca un precedente necesario en la protección del colectivo.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, destacó que nombrar de forma expresa la motivación de odio es un "paso imprescindible" en la justicia española. A su juicio, asesinar al grito de "maricón" no es una circunstancia anecdótica, sino la verbalización de un odio que mata. En este sentido, subrayó que la resolución refuerza la protección de las vidas de las personas pertenecientes al colectivo y envía un mensaje "inequívoco" de que la LGTBIfobia no quedará impune.

Por su parte, la presidenta de ALAS A Coruña, Ana G. Fernández, cuya entidad ejerció la acusación popular en el proceso, señaló que la sentencia ratifica el carácter estructural de la violencia hacia las personas LGTBI+. En su opinión, identificar y sancionar el odio cuando concurren los requisitos legales es una forma de defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad. Asimismo, ambas entidades agradecieron el trabajo altruista del equipo legal que ha liderado la acusación durante los más de tres años que ha durado el procedimiento judicial.

A pesar de la satisfacción por el fallo judicial, las entidades advirtieron de que esta sentencia no es suficiente por sí sola en un contexto de "aumento alarmante" de la violencia. Según los datos del informe ‘Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025’, una de cada cuatro personas de este colectivo sufre discriminación en España y las agresiones se han duplicado en el último año. Iglesias alertó de que más de 800.000 personas han sufrido agresiones físicas o verbales recientemente, lo que demuestra que no son hechos aislados.

Ante esta situación, la Federación Estatal y ALAS A Coruña reclamaron de manera urgente la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos vulnerables. Este pacto debería articular una respuesta integral basada en la prevención, la educación en diversidad, la formación y el acompañamiento a las víctimas. Para las organizaciones, este acuerdo no debe ser una declaración simbólica, sino una herramienta para salvar vidas y asegurar que hechos como los ocurridos con Samuel Luiz no se repitan jamás.