En una entrevista en Servimedia, Feijóo explicó que su reforma legal del Poder Judicial establece “con detalle” cómo entiende que han de ser elegidos los 20 miembros del CGPJ, siendo 12 de ellos escogidos “entre jueces y magistrados de toda España” en “una votación que se hará de forma inmediata y que se hará siempre en los seis meses anteriores a que caduque el Consejo”.

En su proposición de ley orgánica de reforma del Poder Judicial, Feijóo ratifica su apuesta para que los otros ocho juristas “de reconocido prestigio” sean elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, cuatro por cada Cámara. “Dejamos consolidada la independencia judicial y además añadimos una serie de requisitos”, subrayó.

Entre los requisitos de su reforma legal, fija una experiencia de 20 años para poder ser presidente de una sala del Tribunal Supremo, 15 años de antigüedad y de ejercicio en la magistratura para ser presidente de un Tribunal Superior de Justicia, un periodo mínimo de cinco años tras dejar la política y pasar a ocupar un cargo en el CGPJ o que “si hay un ministro magistrado o juez tiene que estar dos años de excedencia antes de volver a su juzgado”.

Feijóo defendió que de esta manera se establecen “una serie de garantías para que quede claro que el modelo es un modelo de la independencia y despolitización de la Justicia”. Al estar registrado en el Congreso, “podemos negociarlo, debatirlo y aprobarlo de forma inmediata”, recalcó el líder de la oposición.

“NO ES UN YOGUR QUE CADUCA”

“Cumpliríamos así con las recomendaciones de la Unión Europea, cumpliríamos con la independencia judicial, con la despolitización de la Justicia y finalizaría la prórroga del CGPJ en la que se encuentra”, trasladó al Gobierno, a quien también avisó de que el Consejo “no es un yogur que caduca”, sino un órgano que requiere mayorías reforzadas y que entra en prórroga cuando no se alcanzan.

Como prueba de ello puso que “el Tribunal Constitucional estuvo 41 meses prorrogado en la época del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y con la presidenta Emilia Casas”. “Es que la hemeroteca y las tesis del Gobierno son incompatibles”, enfatizó el presidente del PP.

Así, puso sobre la mesa esta nueva propuesta “para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ahora ya sin engaños”. “Sin engaños”, reiteró Feijóo, explicando que si retoma esta asignatura pendiente de esta manera es porque en el PP quieren “ser proactivos” en lo que les interesa, que son las instituciones de España y “no son los engaños del Gobierno”.

“Si usted no mantiene el respeto institucional mínimo que se ha mantenido por todos los expresidentes del Gobierno, yo le pido a usted que entonces ahora ya negociemos con una ley y la ley es muy clara”, interpeló directamente a Sánchez, a quien el 20 de diciembre le había exigido renunciar a su reforma penal −con la que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación− si quería “sentarse” con el PP por el CGPJ.

Así, en este arranque del año 2023, animó a Sánchez a aceptar la reforma legal del PP para que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados, ocho por el Congreso y el Senado, además de contemplar “requisitos” en pro de la independencia. “Ya está, venga, y aprobamos una asignatura a la que el propio presidente Sánchez se comprometió en la campaña electoral”, le retó.

Rememoró cómo el propio Sánchez dijo “textualmente que el PSOE renunciaba a los privilegios de hacer propuestas de miembros que conformen el Consejo General del Poder Judicial”. “Cumplamos de una vez la palabra que el señor Sánchez le ha dado los españoles”, le exhortó. “Lo tiene” en esta reforma legal del PP “y podemos desbloquear la prórroga del Consejo General cuando quiera”, insistió.

De esta manera, se afanó a la hora de trasladar que la propuesta del PP pasa por ahondar en la independencia y en la despolitización de la Justicia para que los jueces tengan un protagonismo en la elección de sus pares.

“OBEDIENCIA DEBIDA”

Por el contrario, recriminó al Gobierno que su propuesta hasta la fecha haya sido “controlar el Poder Judicial y trasladar políticamente al CGPJ y al TC a personas que tengan una obediencia debida a las instrucciones” del propio Ejecutivo.

Sacó en claro que “al Gobierno nunca le ha interesado la renovación del Consejo”, sino que le ha guiado “el control del Consejo” de la misma manera que “se ha hecho con el CIS, con el CNI, con el INE, con la CNMV, con Correos o con el Constitucional”.

Feijóo también quiso recordar que no se llamó al PP para hablar de esta cuestión “hasta que vino el comisario de Justicia y recordó que el Consejo se ha de renovar y que, además, se ha de cambiar la ley para que los jueces elijan los jueces”, al igual que luego no se volvió a llamar hasta la dimisión de Carlos Lesmes, expresidente del órgano de gobierno de los jueces.

A esos hechos, relató Feijóo, se añadieron otros: “Estábamos hablando de la independencia judicial y de la despolitización de la Justicia en esta sala y en la sala de al lado se estaba negociando dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo por sedición y por malversación y hacer un Código Penal redactado por políticos condenados por el Supremo”.

“Descubrimos el engaño”, enfatizó Feijóo en alusión a la negociación del Gobierno con Esquerra Republicana, y vio la puntilla a todo lo ocurrido en la propuesta de nombramientos del Ejecutivo para el TC del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, ex directora general de Presidencia. “Eso es incompatible con la independencia judicial”, sentenció.

El presidente del PP remarcó que su formación “no estaba negociando nombres” del CGPJ con el Gobierno, sino “los requisitos que tienen que cumplir los nombres”. Así las cosas, tildó de “falsedad” que se diga que su formación se negó a renovar el CGPJ. “El PP estaba negociando un proyecto de ley. A quien le corresponde negociar los nombres es a las Cámaras, no al PP ni al PSOE. Que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado convoquen a los grupos y que negocien los nombres”, zanjó.

Finalmente, Feijóo opinó que al final se ha visto que el órgano de gobierno de los jueces “es operativo” y “acuerda por unanimidad los magistrados del TC” aunque tenga el mandato prorrogado desde hace cuatro años. “Ese Consejo General al que el Gobierno insultó y descalificó”, emplazando al Ejecutivo a disculparse con los vocales.