Entrevista

Justicia

Feijóo denuncia en la UE que “más del 10% del Constitucional son ex altos cargos del Gobierno”

- Avisa de que “hay asuntos en los que tienen que abstenerse” Campo y Díez como magistrados del TC

- Reprocha al PSOE que dificulte al PP proponer un miembro del TC “que le corresponde por ley” y debe nombrar el Senado

VÍDEO: los clientes de Servimedia disponen de imágenes y sonido de estas declaraciones en el enlace https://servimedia.tv/EntrevistaFeijoo

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene decidido denunciar ante la Unión Europea (UE) “de forma oficial, explícita y por escrito” que “más del 10% del Tribunal Constitucional (TC)” de España son ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual es un hecho “grave”.

En una entrevista en Servimedia, Feijóo se refirió en estos términos a los nombramientos del Ejecutivo para el Constitucional del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la que fuera directora general de Presidencia, Laura Díez. “Esto acredita qué entiende el Gobierno por independencia judicial”, criticó.

Así, volvió a denunciar que dos miembros del TC sean ex altos cargos del Ejecutivo de Sánchez, algo “grave” y un “hecho relevante”. “¿Qué van a hacer? ¿Van a ser capaces de blanquear cualquier decisión del Gobierno?”, planteó desde el deseo de que “su ética se lo impida”.

Tras avanzar en su comparecencia de balance de 2022 que se reservaba “todos los derechos para defender la independencia de las instituciones”, Feijóo concretó en esta entrevista en Servimedia que “Europa tiene que conocer que más del 10% del TC son ex altos cargos del Gobierno” de esta misma legislatura.

Esta denuncia en la UE se hará “como indiquen mejor los eurodiputados y los compañeros de Justicia”, indicó Feijóo, pero con el convencimiento de que el comisario de Justicia europeo ha de conocer estos “hechos relevantes” de “forma oficial, explícita y por escrito” por parte de “la alternativa de gobierno” que hay en España.

APARTARSE EN EL TC

“Tiene que conocerlos porque no son hechos que ocurran con normalidad en los países de la UE”, abundó el presidente de los populares, para acto seguido avisar de que “hay asuntos en los que tiene que abstenerse” Campo, ya que “el ministro que tramitó los indultos del ‘procés’ no puede entrar en los recursos” que tengan que ver con ello.

Igualmente, puso el foco en Laura Díez, pues “un alto cargo del Gobierno de España que haya hecho dictámenes o informes” se tendrá que “abstener de participar en la votación de un recurso que tenga una relación directa o indirecta con su trabajo en el Palacio de la Moncloa”.

Dicho esto, el líder de la oposición pasó a criticar que “parece ser que al partido de la oposición se le va a negar que proponga un miembro del Constitucional que le corresponde por ley” y que ha de nombrar la Cámara Alta. “Sabrá el Gobierno cuál es su planteamiento ético de las cosas” y “si le quiere usurpar al PP una propuesta de un magistrado del TC que le corresponde conforme a la ley”, se reafirmó en su crítica.

Ahora mismo, el órgano plenario del tribunal de garantías lo conforman 11 magistrados, en vez de 12, debido a que Alfredo Montoya decidió renunciar a su cargo por problemas de salud el pasado mes de julio y el Senado debe nombrar a su sustituto. Esto hace que el Constitucional cuente ahora con un magistrado menos en el ala conservadora.

PRESIDENCIA DE LA UE

Además, con la vista puesta en la Presidencia española de la UE, el presidente del PP se mostró “convencido” de que lo que está ocurriendo en España se va a ver en Europa “con asombro y con tristeza”.

Alertó así de que Europa también percibe que “hay un problema institucional con la Justicia”, que “el presidente descalifica al Tribunal Constitucional”, que los miembros del Gobierno “insultan de forma despiadada a los jueces” o que “el Grupo Parlamentario Socialista compara a los magistrados del Tribunal Constitucional con golpistas”.

Aludió así al problema que surge cuando se ve que el Ejecutivo “cree que el Tribunal Constitucional es una prolongación y es un órgano que depende directamente del Gobierno”, así como “cuando se ve que no interesa profundizar en la independencia judicial” para que los jueces voten a los jueces.

“Estamos ante el Gobierno que menos ha creído en la independencia judicial y que más ha politizado a la Justicia de nuestra historia democrática”, señaló Feijóo, lamentando con estas palabras que el Gobierno haya “utilizado el Poder Legislativo como un apéndice del Poder Ejecutivo”.

En esta línea, criticó que “133 leyes se han tramitado como reales decretos, es decir, 133 leyes han sido confeccionadas en el Palacio de la Moncloa y se han convalidado con lectura en el Congreso de los Diputados”. En esta tesitura, se preguntó hasta dónde llega el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Rememoró cómo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, “han interrumpido el canal de televisión pública a las once y pico de la noche, como si pasase algo importante en nuestro país, diciendo que van a hacer una declaración institucional”.

Se refirió así a las comparecencias nocturnas de los presidentes del Congreso y del Senado tras la decisión del Constitucional, en atención a un recurso de amparo del PP, de paralizar el trámite parlamentario de las enmiendas introducidas por el PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley de reforma del Código Penal para así tratar de cambiar el sistema de elección del tribunal de garantías.

“Qué gran noticia que el Gobierno acate un auto del Tribunal Constitucional”, ironizó Feijóo sobre la declaración pública que esa misma medianoche hizo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en La Moncloa. Además, recordó que entre las funciones del tribunal de garantías está derogar íntegramente una ley de cualquier Parlamento de cualquier momento o periodo parlamentario.

Ahondó en que “para eso está”, precisamente “para decir que una ley es constitucional total o parcialmente o, al contrario, si es inconstitucional”. Por consiguiente, se quejó de que en lo que atañe al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo en España “las líneas ya son muy difusas” por el modo de actuar de Pedro Sánchez.

Lo que se pretende el presidente del Gobierno, según la lectura del líder del principal partido de la oposición, “es que la línea del Poder Judicial también sea difusa”. “Y eso es poner en riesgo el Estado de derecho”, remachó.

(SERVIMEDIA)
05 Ene 2023
MFN/pai