El jefe de la oposición recuperó así la ofensiva por la vivienda el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan que la oposición desacreditó. Y lo hizo vinculándola a la financiación autonómica, que está en el centro de la polémica por el acuerdo suscrito entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para reordenar las transferencias que el Estado hace a las comunidades para pagar, entre otras cosas, servicios públicos como la sanidad o la educación.

El modelo pactado por Gobierno y ERC establece el principio de ordinalidad –quien más paga, más recibe– solo para Cataluña, extremo al que el PP se opone frontalmente porque entiende que es contrario al principio de solidaridad e igualdad, y busca “financiar el plan de independencia” de los separatistas al tiempo que Sánchez gana “tiempo” a costa de “más impuestos” a todos los españoles.

El líder del PP también puso pie en pared frente a la intención de Sánchez de “institucionalizar” el “infierno fiscal” de Cataluña, obligando al resto de comunidades a “reponer” los impuestos de sucesiones y donaciones y a subir el IRPF para dar más “oxígeno político” al presidente del Gobierno y a ERC.

“Son dos formas muy distintas de gestionar el dinero de todos. Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas que se hagan en los ayuntamientos y en el conjunto de las comunidades autónomas”, señaló en un acto en Barcelona, donde reunió a su Comité de Dirección.

MODELO “JUSTO Y DURARERO”

Feijóo ha convocado este domingo en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para abordar la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta la fecha, los populares se han limitado a acordar una serie de principios para reformar un sistema que lleva caducado desde 2014, es decir, 12 años.

Su modificación es peliaguda. No solo por la propuesta que beneficia a Cataluña, sino por la disparidad de reclamaciones de las autonomías. Por ejemplo, Madrid y Comunidad Valenciana coinciden con Cataluña en que las variables poblacionales, como la sanidad o la educación, tengan un mayor peso en el nuevo cálculo de la población ajustada, que es la referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos públicos, aunque rechazan el principio de ordinalidad que sí comparte Baleares.

En las antípodas de estos planteamientos se encuentran los territorios que suscribieron en 2021 la ‘Declaración de Santiago’, un pacto liderado por el propio Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia y al que se adhirieron Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja.

A pesar de las distintas sensibilidades, Feijóo ve posible acordar un nuevo modelo “entre todos” que sea “justo y duradero”, aunque no ha detallado cómo. Además, se dirigió a los catalanes para pedirles que no se dejen “utilizar” porque “la bilateralidad es un supuesto logro” que ya “fracasó”. “Os están tomando el pelo”, llegó a decir.

PLAN DE VIVIENDA

Los mensajes en clave de financiación autonómica se compaginaron con una nueva ofensiva en plena crisis de vivienda, que coincide con los nuevos anuncios de Sánchez. El presidente del Gobierno anunció que bonificará el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos en su próxima renovación, y que el Ejecutivo pondrá “coto” al alquiler habitacional y limitará el fraude en los contratos de temporada.

Feijóo, por su parte, replicó que la solución pasa por construir más vivienda, y le espetó que saque pecho por la construcción del Nuevo Barrio Campamento cuando se trata de “una operación inmobiliaria que lleva 40 años gestándose”. Por ello, el jefe de la oposición recuperó su “plan integral de vivienda”, que ahora contiene también más financiación para las comunidades que construyan más hogares, y se comprometió a “iniciar la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura” para atajar el problema.

Para lograrlo, planteó menos trabas para la construcción, una “movilización ágil” de todo el suelo disponible, flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana, un “plan residencial estratégico” para reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción, una Ley de Suelo que dé “seguridad” real a los planes urbanísticos y planes para acabar con la escasez de mano de obra en el sector.

Por otro lado, para facilitar la emancipación de jóvenes, prometió bajarles el IVA del 10 al 4% en la compra de obra nueva, bonificaciones en el IRPF durante sus primeros cuatro años de vida laboral para que generen más ahorro y una ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 24 horas que, según su tesis, estimulará la oferta asequible al dar seguridad jurídica a los propietarios.