"Lo haremos porque es el mejor camino para la integración efectiva. Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. En otras palabras, la nacionalidad española no se regala, se merece", afirmó Feijóo durante el acto de puesta de largo de su propuesta migratoria.

En la actualidad, la Administración exige a los solicitantes de la nacionalidad que acrediten haber vivido de forma legal y continuada en España durante al menos diez años –aunque existen varias excepciones que reducen los tiempos significativamente–, carezcan de antecedentes penales y superen una serie de exámenes de conocimientos constitucionales y lengua española.

El PP, sin embargo, sostiene en su plan que el sistema actual no garantiza "una integración real y verificable". Para remediarlo, aboga por elevar el nivel de exigencia lingüística del A2 actual al B2 e implantar "una prueba reforzada" de conocimiento "institucional, legal, cultural e histórico" para "garantizar" que existe un "compromiso" con la "democracia y los valores comunes" de España.

"La nacionalidad debe de ser, ante todo, un reconocimiento a quienes han demostrado con hechos su voluntad de integrarse, de respetar nuestras leyes y de contribuir al país que nos acoge", incidió Feijóo, que remarcó que "ser español no es solo vivir en España". "Es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino; sentirse parte de algo más grande que uno mismo; conocer una herencia universal; asumir un modelo respetuoso de convivencia e implica respetar unas normas, acatar unas leyes y asumir la Constitución española".

SE DISTINGUE DE VOX

Esta medida constituye el colofón del plan migratorio de Feijóo, que se ha ido desgranando a cuentagotas durante los últimos días. El líder del PP se esforzó en Barcelona por diferenciar su propuesta de las de Vox y PSOE, y subrayó que "no se trata de cerrar todas las puertas ni criminalizar a nadie por su mera condición de inmigrante, pero tampoco se trata de dejar entrar de cualquier manera ni de poner parches cuando se ha ido de las manos" el "descontrol" migratorio.

"El debate no es decir ‘sí’ o ‘no’ a la inmigración, sino cuánta, a qué ritmo, con qué objetivos y con qué integración. Se trata, pues, de propiciar una inmigración ordenada, legal y humana", expuso. "No vamos a esconder nuestras propuestas por miedo a lo que digan unos, ni vamos a cambiar nuestros principios por miedo a lo que puedan decir otros. Nosotros ofrecemos a la sociedad española principios sólidos que ni se entregan al buenismo que nos ha traído hasta aquí, ni fomentan la criminalización que además de injusta no soluciona nada", añadió.

Feijóo defendió que España debe seguir "abierta" para "quienes vengan a cumplir sus sueños contribuyendo, cumpliendo la ley y haciendo prosperar nuestro país", pero también "firme" frente a "la fragmentación cultural" y la delincuencia. "Nunca defenderemos una política migratoria que convierte barrios enteros de nuestras ciudades en lugares irreconocibles de nuestro país", advirtió.

VISADO POR PUNTOS

El presidente del PP puso el foco principalmente en desbloquear la vía regular para desincentivar la irregular. La medida 'estrella' de su plan es el visado por puntos, que, según el plan, "valorará la formación, la experiencia, el idioma y la integración", y primará "la Hispanidad" como "un factor positivo", aunque no determinante.

Habrá dos fórmulas. La primera será "un contrato en origen en sectores de difícil cobertura" y la segunda, un "visado temporal para buscar empleo en sectores tensionados, siempre con controles y plazos definidos". Para los que ya estén en España, pero sin papeles, el PP ofrece "un régimen transitorio, también evaluado por puntos, individualizado, riguroso y reservado a quienes acrediten trabajo, cotización o esfuerzo real de integración".

Junto a estos visados, el PP apuesta por planes específicos de migración circular con terceros países para "cubrir campañas estacionales de forma legal, planificada y con retorno garantizado en plazo, especialmente en sectores como el primario o la construcción". Además, quiere implementar un sistema de "cuotas anuales por países y sectores" al que "solo accederán" los países que cooperen en las repatriaciones, en el control de flujos irregulares y la verificación ágil de la documentación. Los que no colaboren, tendrán "consecuencias".

DEPORTACIONES AUTOMÁTICAS

Este punto del plan es clave, ya que el PP quiere endurecer el Código Penal para expulsar a los migrantes condenados por delitos "especialmente graves", entre los que cita el homicidio, el asesinato, la agresión sexual, el terrorismo y la trata o tráfico de personas. También quiere deportar a los sancionados por una "reincidencia dolosa" de "delitos menores". Del mismo modo, el documento propone una reforma de la Ley de Extranjería para determinar en 72 horas la edad de los migrantes que declaren ser menores extranjeros no acompañados. En caso de mentir, también serán repatriados.

El documento contempla, a su vez, la revocación de los permisos de residencia a quienes tengan vínculos criminales –organizaciones terroristas o de tráfico de armas y bandas– o que estén inmersos procesos de radicalización, más medidas para perseguir a las mafias en aguas internacionales y a sus colaboradores con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Código Penal; y la "ampliación" del periodo máximo de permanencia en los centros de internamiento de extranjeros "con el fin de garantizar la ejecución efectiva de las resoluciones de expulsión, devolución o retorno", y un refuerzo de los instrumentos de retorno voluntario.

Para el control efectivo de las fronteras, el PP propone el "refuerzo permanente" de la Guardia Civil, la Policía y Frontex en Canarias, en Baleares, en Ceuta, en Melilla, en el Estrecho de Gibraltar y en los aeropuertos españoles, que es el canal por el que entra mayoría de la inmigración irregular; y "centralizar" las competencias migratorias en "una sola autoridad" frente a los cinco ministerios que en este momento las ostentan.

RESIDENCIA LIGADA AL EMPLEO

Otro de los principios de la propuesta del PP es que "contribuir debe ser condición para permanecer". Por ello, Feijóo se compromete a que la autorización de residencia de larga duración se concenda, "con carácter general, en base a criterios de contribución, trabajo e integración y no a la mera permanencia en España". Según el líder de la oposición, en España hay "medio millón de personas inmigrantes" que vive "sin intención de trabajar ni de cotizar".

Por otro lado, el PP quiere limitar "el padrón" a "fines estadísticos" y desvincularlo de las ayudas económicas no urgentes y la aplicación de los criterios de prelación o bonificación. También ligará los subsidios como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a "la búsqueda activa de empleo".

Finalmente, Feijóo aboga en su propuesta por devolver a los menores extranjeros no acompañados con sus familias siempre que haya "datos". Además, quiere introducir requisitos "más estrictos" para la reagrupación familiar y recuperar el "carácter excepcional del arraigo como mecanismo legítimo, efectivo y comprobable". Según la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP e ideóloga del plan, Alma Ezcurra, "en solo siete años se han pasado de 30.000 regularizaciones por arraigo" al año a "300.000".