En estos términos se expresó a las puertas del Senado, donde explicó que su partido defendió esta rebaja de penas “con las otras seis acusaciones” populares para “aplicar la teoría en derecho penal” de solicitar “una disminución de la pena” para “aquel que colabora, que facilita el esclarecimiento de los hechos y que es útil para saber lo que ha pasado”.

“En todo caso”, señaló que este extremo “no tiene mayor relevancia” porque “lo único importante es la sentencia del Tribunal Supremo”. Y puso el foco en que el “escándalo” es que Peramato “intervenga la decisión de un fiscal anticorrupción” como es Alejandro Luzón.

En su opinión, Luzón ha “acreditado su independencia y su profesionalidad” a lo largo de estos años y ahora solo quiere actuar “conforme a la propia doctrina” de la Fiscalía rebajando la pena de presión solicitada para Aldama, por lo que es “sorprendente” que Peramato se lo impida, según informaciones periodísticas.

COMUNICADO DEL PP

El PP ya emitió esta mañana un comunicado en el que denuncia que la Fiscalía General del Estado “ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno al negarse a reducir la petición de pena a Víctor de Aldama”, y aseveró que esta decisión “rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas”.

A su juicio, este movimiento “evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción”.

El PP ya ha registrado la petición de comparecencia del ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique la situación actual de dicha Autoridad Independiente de Protección al Informante, “ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos”.

Además, este fin de semana, el PP exigió también la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, por la “purga” que está suponiendo su política de nombramientos dentro de la institución.