Así se pronunció desde el Congreso de los Diputados, donde hizo hincapié en los “23 mensajes” que intercambió con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. “Desde las 19.59 del día 29 hasta las 2330 del día 29, 23 mensajes acreditan que estaba informado a partir de ese momento que me pongo en contacto con el señor Mazón”.

Según detalló, la jueza le preguntó "pocas cosas" y el Ministerio Fiscal "ninguna", añadiendo que "las acusaciones particulares y las partes preguntan lo que la jueza considera pertinente". "Yo creo que ha estado muy bien. Hemos dado información de todo lo que se ha querido", dijo satisfecho. También mostró su sorpresa por el hecho de que le preguntaran "cosas que no tenían mucho que ver", por ejemplo, "en materia de comunicación", cómo recibe "la información de las agencias y de los medios de comunicación".

El líder de los populares insistió en que pudo "confirmar que a las 19.59" le mandó "el primer mensaje al señor Mazón", como "constaba en los autos". "A las 20.01, a los tres minutos, le mando un mensaje similar al señor García-Page, al presidente de Castilla-La Mancha, y a las 20.31 le mando un mensaje al presidente de Andalucía en los mismos términos que al presidente Castilla-La Mancha y al presidente de la Generalitat", confirmó mientras apuntaba que tenía "información de que hay un riesgo de daño y de inundaciones en esas tres comunidades autónomas". Así, remarcó que se puso "inmediatamente a disposición" de lo que pudiera "ser útil al presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana".

También detalló Feijóo que hubo "bastantes comentarios" sobre la declaración de Emergencia Nacional, insistiendo en su posición en que debería de haberse declarado porque hubiese "ahorrado bastantes disgustos a la población valenciana". Asimismo, apuntó que, ante las preguntas sobre la información que se manejaba ese día 29, trasladó su opinión de que "había un déficit de información por parte de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambas competencias exclusivas del Estado". Algo que provocó que las autoridades del Cecopi no tuvieran "la información suficiente y adecuada", lo que, dijo, "conllevó un riesgo a mayores para la población civil valenciana y, por tanto, unos hechos que lamentablemente acabaron en muchas víctimas".