Según denunció este lunes la organización feminista, existen criterios dispares entre distintas fiscalías y tribunales sobre cómo abordar estos casos. En concreto, la alianza citó como ejemplos una actuación de la Fiscalía de Castellón que apreció indicios de posible "fraude de ley" en la rectificación registral de un investigado; una decisión de la Audiencia Provincial de Bizkaia de considerar insuficientes esos indicios para acreditar fraude; y un procedimiento en Zaragoza que pasó por órganos especializados y ordinarios mientras se debatía la competencia judicial.

Para las feministas, el problema trasciende la determinación del juzgado competente. En su carta, advirtieron de que cuando el agresor figura registralmente como mujer algunos casos dejan de ser tratados como violencia de género y pasan a considerarse violencia doméstica, lo que puede afectar al acceso de las víctimas a los derechos, recursos y mecanismos de protección.

La entidad vinculó esta situación con lo recogido en la Memoria 2025 de la Fiscalía General del Estado sobre el caso de 37 hombres de Ceuta, entre ellos militares, policías y guardias civiles, que modificaron su sexo registral sin cambiar nombre ni apariencia. La alianza destacó que la propia Fiscalía señaló las dificultades de cuestionar esas rectificaciones cuando la ley reconoce la autodeterminación registral del sexo sin requisitos previos.

Para la organización feminista, esta circunstancia evidencia que resulta complicado acreditar posteriormente un supuesto "fraude de ley". En este sentido, sostuvo que la norma "termina atando de pies y manos a quienes deben proteger a las mujeres víctimas de violencia masculina".

La Alianza afirmó haber identificado más de 120 casos en los que la rectificación registral del sexo habría neutralizado medidas de acción positiva destinadas a las mujeres o provocado la pérdida de protecciones específicas para víctimas de violencia masculina.

Asimismo, considera que se está generando un conflicto jurídico entre la Ley contra la Violencia de Género y la Ley Trans, al producirse situaciones en las que el sexo registral del agresor prevalece sobre la realidad material que justificó la creación de juzgados y fiscalías especializados en violencia de género.

Por ello, pidió a la Fiscalía que identifique, cuantifique y evalúe estos procesos, incluyendo su impacto sobre la competencia judicial y sobre los derechos de las víctimas. También solicitó la aprobación de pautas homogéneas de actuación para evitar que ninguna mujer pierda la cobertura prevista en la legislación contra la violencia de género por el cambio registral de sexo de su agresor.

Finalmente, la alianza sostuvo que la solución de fondo pasa por derogar la autodeterminación registral del sexo y defendió que "una modificación registral del sexo del agresor no puede modificar la naturaleza de la violencia ejercida ni reducir el estatuto de protección de la mujer que la sufre".