Según recordó la entidad feminista, ante las posibles reclamaciones por parte del Ministerio de Igualdad de cantidades correspondientes a un uso inadecuado de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en actividades organizadas por numerosos ayuntamientos, fueron las organizaciones feministas las que detectaron inicialmente posibles usos inadecuados de estas partidas por parte de distintos ayuntamientos.

La entidad aseguró que elaboró un mapa interactivo y un dossier remitido a Igualdad con ejemplos de actividades financiadas con estos fondos que, a su juicio, no guardaban relación con los objetivos para los que fueron creados.

Según indicó la alianza, ese documento reúne actualmente cerca de 250 casos y contribuyó a impulsar medidas de supervisión y una guía de recomendaciones para las administraciones locales.

La entidad considera que aquella iniciativa contribuyó a impulsar la reacción del ministerio dirigido por Ana Redondo y la posterior elaboración de una guía de recomendaciones dirigida a ayuntamientos para garantizar una utilización adecuada de los fondos.

Además, la organización subrayó la importancia del movimiento asociativo de mujeres como mecanismo de vigilancia democrática y destacó que las entidades feministas aportan información y propuestas para mejorar las políticas públicas dirigidas a proteger a las víctimas de violencia machista.

Asimismo, defendió que el argumento del “empoderamiento” no puede utilizarse de forma genérica por parte de instituciones o entidades locales para justificar cualquier actividad sufragada con estos recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Para la organización feminista, las actuaciones financiadas deben demostrar una relación directa y evaluable con la prevención de la violencia de género, la recuperación de las víctimas o el refuerzo de los sistemas de protección.

En caso contrario, la entidad recordó que los ayuntamientos tienen otros programas y líneas presupuestarias desde los que pueden desarrollar actividades culturales, comunitarias o de promoción del bienestar, sin recurrir a unos fondos que tienen una finalidad específica y cuya “correcta utilización constituye una obligación hacia las víctimas y la ciudadanía”.