En este sentido, fue el secretario general de la federación, Luis Martínez-Sicluna, quien ratificó el compromiso de las entidades locales con los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia y reclamó que la nueva ley tenga verdaderamente en cuenta a los ayuntamientos, dado que son estos los que prestan servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y mantenimiento de los centros de día.

Asimismo, Martínez-Sicluna incidió en que son estas entidades las que prestan este tipo de servicios y lo hacen con dificultades presupuestarias, momento en el que también ha puesto el acento en la atención a dependientes en el mundo rural.

Por otra parte, la federación quiere que se establezca un modelo de transparencia en el seguimiento de la aplicación de la Ley y saber la participación de las entidades locales, con medidas para garantizar una financiación suficiente a los ayuntamientos respecto a los servicios que ya prestan, especialmente en las modificaciones que conlleva: ayuda a domicilio, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho y la accesibilidad local, abriendo la puerta a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.

Por último, también el secretario general y con la presidencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, planteó que se incluya a la FEMP en el grupo de trabajo que se contempla, a la hora de analizar las necesidades futuras de la ley.