Es la idea que defendió el secretario general de la Federación, Luis Martínez-Sicluna, quien valoró la “capacidad de adaptación de los municipios en transición” para “convertir las dificultades en oportunidades, apostando por la innovación, la diversificación económica y el aprovechamiento de sus fortalezas”.

La FEMP señaló en un comunicado que fue en el transcurso de una jornada dedicada a los municipios en transición en la que representantes de entidades locales "compartieron experiencias" y analizaron "los desafíos comunes para fortalecer la cooperación y el trabajo coordinado", con el fin de impulsar una transición” justa, equilibrada y adaptada a las características de cada territorio”.

PAPEL CLAVE DE LOS MUNICIPIOS

En su exposición, Martínez-Sicluna recordó que la transición debe ser un “proceso global”, que “contemple transformar infraestructuras o desarrollar nuevos proyectos”, pero que también contribuya a “fortalecer el tejido social, generar empleo de calidad, atraer talento, ofrecer oportunidades a la población joven y garantizar la cohesión territorial y social”. Asimismo, otorgó un papel protagonista a los gobiernos locales, a los que definió como “actores imprescindibles”, en cualquier proceso de transformación, al ser la Administración más cercana a la ciudadanía.

El secretario general destacó también, la necesidad de “reforzar” el papel de los gobiernos locales en el diseño y desarrollo de las políticas de transición justa, reclamando una “mayor participación de los ayuntamientos desde el inicio de los procesos de toma de decisiones”, porque disponen de un "conocimiento directo" de las necesidades, oportunidades y dificultades de sus territorios. A este respecto, recalcó que “una política que pretende transformar la vida de un municipio difícilmente puede acertar si no escucha a quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo”.

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

La jornada celebrada hoy sirvió como espacio de "cooperación y difusión de buenas prácticas" entre municipios "comprometidos con un modelo de desarrollo más sostenible, innovador e inclusivo". Asimismo, se dedicó parte del tiempo a abordar el desarrollo de la aplicación del Fondo de Transición Justa en diferentes comunidades autónomas.

En este contexto, desde la FEMP insistieron en “la importancia de evaluar con rigor el impacto de este instrumento”, así como otros convenios de transición justa y del Plan de Recuperación, poniendo el foco no solo en el volumen de los fondos comprometidos, sino en “el grado de ejecución, el empleo generado y la inversión privada que moviliza, entre otros indicadores”.

Durante la jornada, Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias (Asturias), y Mario Rivas, alcalde de Villablino (León), presidenta y vicepresidente de la Red de Municipios en Transición Justa, respectivamente, participaron en el evento para analizar el seguimiento de las de principales actuaciones impulsadas en los territorios. Además, también intervino Ana Luisa Durán, presidenta de la Asociación Europea de Comarcas Mineras (Euracom).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por último, la Red de Municipios en Transición Justa elaboró un texto que será remitido a la Junta de Gobierno de la FEMP para su posterior aprobación, en el que reafirmaron su compromiso con una transición energética “ordenada, sostenible y socialmente responsable” que “apueste por el desarrollo económico, la creación de empleo y la cohesión territorial”.

En el documento, los firmantes solicitaron que la Transición Justa fuese considerada una auténtica política de Estado, con estabilidad, financiación suficiente y continuidad institucional, al tiempo que reclamaron el “cumplimiento de las inversiones y compromisos adquiridos por entidades públicas y privadas en materia de empleo y desarrollo industrial”.

La declaración considera que debería ser prioritario reforzar las infraestructuras, atraer nuevas inversiones, promover la formación, la innovación y la colaboración entre administraciones, universidades y empresas, así como simplificar la tramitación de proyectos estratégicos, garantizando la protección ambiental y la seguridad jurídica.

Asimismo, el texto recogió la voluntad de cooperación del municipalismo con todas las administraciones públicas, el tejido empresarial y la sociedad civil para construir un futuro basado en la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la reindustrialización de las comarcas que "durante décadas sostuvieron el sistema energético nacional".