Para Fernández de la Vega,el proyecto representa "una primera piedra" para la cobertura de los derechos de nueva generación.

Este primer paso supondrá un gran "esfuerzo financiero" para el Gobierno, que destinará 13.000 millones de euros a su implantación. Se trata de "el proyecto legislativo con más esfuerzo inversor del Gobierno", por lo que la vicepresidenta primera solicitó la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son "quienes tienen buena parte de las competencias" para su puesta en práctica.

Asimismo, la vicepresidenta señaló que el Gobierno distribuirá 200 millones de euros a las comunidades autónomas, para el desarrollo de la ley de Dependencia, que entrará en vigor, previsiblemente, el próximo año.

Por otro lado, pidió la "implicación", no sólo del Gobierno actual, sino también de los Gobiernos futuros, en el "despliegue" de la Ley.

Fernández de la Vega se refirió a la importancia de una norma que hoy afecta a más de 1.100.000 españoles y que, dentro de quince años, afectará a un millón y medio de personas, debido al aumento de la esperanza de vida.

Estas personas necesitan una media de seis horas de ayuda para realizar las actividades cotidianas, según explicó Fernández de la Vega. De ahí la necesidad de que "no haya ni una persona dependiente sola y sin atención", por su edad o por una minusvalía", y de mejorar la vida de sus familiares (especialmente mujeres), de modo que esta labor no suponga una carga que les obligue a renunciar a su proyecto de vida personal.