Fetap-CGT consideró que esa práctica “reduciría el pluralismo y la independencia de las partes ciudadanas en un procedimiento con un evidente interés público”, por lo que el sindicato presentó un escrito de oposición al recurso de la Fiscalía, en el que señaló que esta medida vulnera el derecho de defensa y la acción popular.

El sindicato justificó este lunes en un comunicado que su participación resulta “imprescindible” porque el proceso afecta de forma directa al ámbito de la Administración Pública, “tanto por los daños ocasionados a los servicios públicos y sus trabajadores durante la etapa de Montoro como por la presunta utilización privada de estructuras y cargos públicos en beneficio de intereses particulares”.

Asimismo, recordaron que con Cristóbal Montoro se impusieron “recortes severos” a los empleados públicos, como la reducción de los días de asuntos propios, la eliminación de una paga extraordinaria, la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, la supresión de delegados sindicales por centro de trabajo y la restricción del complemento del 100% en situaciones de incapacidad temporal.

También denunciaron que otros altos cargos del Ministerio aparecen en las diligencias judiciales por su posible vinculación con contratos y pagos ilícitos realizados a través de Equipo Económico, S.L., a la que habrían recurrido grandes empresas privadas para obtener favores legislativos o fiscales.

“Defender los servicios públicos también implica señalar a quienes se han lucrado desde dentro de la Administración mientras recortaban derechos a millones de trabajadores”, afirmó Fetap-CGT en su comunicado.

El sindicato insistió en que la acción popular “no puede convertirse en un instrumento decorativo”, sobre todo cuando se trata de fiscalizar la corrupción que afecta a los altos cargos públicos y a la gestión de los recursos.

Además, en este caso concreto, demuestra “la connivencia entre poder político, empresarial y altas estructuras administrativas del Estado”.