"La causa no es el incumplimiento de los requisitos legales autonómicos, únicos competentes en materia de turismo, sino el no cumplimiento de requisitos registrales impuestos por los Registradores de España, requisitos ajenos a la normativa turística y no exigidos por ninguna ley sectorial”, lamentó la presidenta de Fevitur y de la Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana, Silvia Blasco.

Blasco explicó que estas viviendas de uso turístico siguen siendo plenamente legales conforme a la normativa autonómica y, pese a ello, han desaparecido de las plataformas digitales por efecto directo del Real Decreto 1312/2024. "Se trata, por tanto, de una restricción artificial del acceso al mercado, que no combate la ilegalidad, sino que penaliza al operador legal, reduce la oferta disponible y genera inseguridad jurídica”, lamentó la presidenta de Fevitur.

Asimismo, inidcó que caída de la oferta turística celebrada públicamente desde diversos ámbitos no se explica por el cierre de viviendas ilegales, sino por una salida administrativa de vivienda "plenamente legal”. Así, señaló que las recientes manifestaciones públicas a favor de la caída de la oferta de viviendas de uso turístico en plataformas digitales “confunde conceptos básicos del mercado inmobiliario y conduce a conclusiones que no se sostienen ni económica ni jurídicamente”.

Por último, Blasco aclaró que reducir anuncios online "no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España” e indicó que, desde un punto de vista económico, el mercado de la vivienda está compuesto por las viviendas que efectivamente se ponen en venta o en alquiler (largo o corto) en un año concreto. "Quedan fuera del mercado las viviendas vacías, las viviendas cerradas por inseguridad jurídica y las viviendas retiradas de toda actividad económica", denunció.