Según explicó la entidad, el Real Decreto 179/2026 de becas y ayudas al estudio, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mantiene la exigencia de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 25% para “acceder a determinadas ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Fiapas recordó que este requisito se introdujo en 2020 y desde entonces ha provocado “la exclusión de parte del alumnado con sordera” que, pese a tener necesidades educativas acreditadas, “no alcanza ese umbral administrativo”. Entre los casos afectados citó a estudiantes con sorderas bilaterales leves o moderadas, usuarios de audífonos o con sordera unilateral.

Antes de esa modificación normativa, el acceso a estas ayudas podía justificarse mediante informes de los equipos de orientación educativa o de los departamentos de orientación, que valoraban las necesidades educativas reales del alumnado.

La organización subrayó que esta cuestión ha sido señalada recientemente por el Comité de los Derechos del Niño, que en febrero de este mismo año recomendó a España garantizar que todos los menores con necesidades educativas especiales “puedan acceder a apoyos y ayudas al estudio con independencia de su clasificación administrativa de discapacidad”.

Fiapas indicó que trasladó esta preocupación durante el trámite de audiencia previo a la aprobación del real decreto, aunque el texto finalmente aprobado “mantiene el requisito vigente desde 2020”.

La entidad consideró que esta decisión perpetúa “la exclusión del alumnado con necesidades educativas especiales que no alcanza un determinado porcentaje” en un baremo administrativo que, a su juicio, “no refleja adecuadamente las necesidades en el ámbito educativo”.

No obstante, Fiapas valoró positivamente algunas mejoras introducidas en la norma para el alumnado universitario con discapacidad. En concreto, destacó que el real decreto incorpora por primera vez “la posibilidad de reducir de forma proporcional la carga lectiva exigida para mantener la beca en el caso de estudiantes con discapacidad entre el 25% y el 64%”.

Pese a este avance, la organización consideró que la nueva regulación representa “una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema de becas que tenga en cuenta las necesidades educativas reales del alumnado” en todas las etapas educativas, en línea con las recomendaciones internacionales en materia de derechos de la infancia y discapacidad.