Dicho texto supondrá la trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, la llamada 'Acta Europea de Accesibilidad', que estableció unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para una serie de productos y servicios a disposición del público, con el objetivo de proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior en igualdad de condiciones.

De este modo, la directiva señaló las exigencias de accesibilidad que debe reunir el número único europeo de emergencia 112 (uso de voz, texto y video sincronizados en tiempo real), “respondiendo así a la heterogeneidad y a los distintos perfiles de comunicación del usuario con sordera”.

Ello responde a “una demanda histórica de FIAPAS”, señaló Aedo, para quien supuso “un gran avance”. Sin embargo, el texto “no condiciona a los Estados miembro para que éstos adopten un procedimiento único de cara a garantizar la accesibilidad a este servicio en cada uno de los territorios”, lamentó.

El número de emergencias en España es competencia de las comunidades autónomas y cada servicio autonómico 112 tiene un sistema de acceso propio que exige que la persona sorda esté dada de alta en un registro local para ser identificada como tal.

“En Fiapas confiamos en que el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros haya incorporado las aportaciones que hicimos llegar en la fase de Audiencia Pública”, afirmó, “para que la llamada de una persona con sordera sea localizada y atendida en tiempo real a través de voz, texto o imagen, con independencia de que se realice desde la comunidad autónoma de residencia en cuyo registro esté dada de alta o desde cualquier otra”. A su juicio, debería preverse “la misma posibilidad entre diferentes Estados miembro de la Unión Europea".

"De lo contrario seguiremos insistiendo y trabajando con los grupos parlamentarios en esta demanda histórica de Fiapas hasta eliminar esta barrera existente que aumenta la exposición al riesgo y la vulnerabilidad para estas personas, al mismo tiempo que limita su derecho a la libre circulación”, dijo.