Fuentes jurídicas informaron que Salinas dice en su escrito que esta medida "no es obstáculo legal para que el Tribunal Constitucional pueda acordar la suspensión de la condena cuando en su caso admita a trámite los recursos de amparo que se puedan presentar, tal y como se recoge en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".

De esta manera, el fiscal responde a la solicitud de la Sala delo Penal del Tribunal Supremo, en la que pedía aclaración a la fiscalía sobre si la sentencia debía ejecutarse inmediatamente, antes de la resolución del Tribunal Constitucional.