En su informe final, el fiscal explicitó que la irregularidad no se deriva del procedimiento de contratación por la vía de emergencia, ni por el precio de las mascarillas sino porque no se estudiaron otras ofertas porque “ya había un acuerdo cerrado previo establecido con Víctor de Aldama que no podía ser modificado”.

Puntualizó así que lo que se juzga en el Supremo es “la existencia de un acuerdo previo y privilegiado con Aldama”, que el propio empresario ha reconocido y que ha quedado en evidencia porque “el número de mascarillas lo decide la empresa conforme a sus deseos, no a las necesidades de la administración”. Y señalo “el papel decisivo improcedente que asume Koldo García en la tramitación de este de estos contratos” insistiendo en que el asesor tuvo un “exceso de atribuciones” y ejerció una “influencia indebida” sobre los órganos de contratación.

Luzón insistió en que Aldama era el hombre “empotrado en la zona noble del Ministerio” de José Luis Ábalos, un extremo admitido por el empresario, pero negado por el que fuera ministro.

Para el fiscal, Koldo García era la persona que cobraba las comisiones de Ábalos, una explicación que “encaja en la lógica de los pagos” porque, a su juicio, “no tiene ningún sentido que Aldama pague esas cantidades de dinero al asistente del ministro y que estas cantidades no tengan por destino a quien tiene el dominio de las decisiones que se van a adoptar”.

Defendió también la existencia de un incremento irregular del patrimonio de Koldo García que se han podido justificar y sirviéndose de su hermano, Joseba, como testaferro. Luzón defendió una “fuente oculta de ingresos” para el asesor y una “palmaria confusión” entre su patrimonio y el de Ábalos.