En un escrito dirigido a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que instruye el expediente disciplinario abierto contra el juez Tirado, la Fiscalía recomienda sanciones que pasan por la suspensión en sus funciones por un periodo de hasta tres años, el traslado forzoso a otro juzgado o la separación definitiva como juez.

El Ministerio Público destacó que, después de que el auto de ingreso en prisión para Del Valle no se pudiese ejecutar por encontrarse éste fuera de su domicilio, el juez Tirado "no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión".

La Fiscalía entiende que lo procedente en ese momento por parte del juez de Sevilla hubiera sido ordenar la busca y captura de Del Valle.

El informe remitido al CGPJ señala que que la función jurisdiccional de un magistrado comprende "no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado" y en esta función el juez "tiene la obligación de controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto la sentencia".

El criterio de la Fiscalía difiere de la expresada por el juez que instruye el expediente disciplinario, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, quien calificó la conducta del juez tirado tan sólo como "falta grave", una figura que prevé sanciones económicas que van desde los 300 a los 3.000 euros.