Según las mismas fuentes, el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, solicitó que se eleve de 400.000 a 500.000 euros la fianza que se impuso en su día a Otegi para eludir la prisión provisional, decretada en mayo de 2005.

El Ministerio Público, representado por el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, y no por los dos fiscales encargados de este caso, Jesús Alonso y Juan Moral, solicitó también que Otegi comparezca diariamente ante la Ertzaintza.

Sin embargo, tras mantener que en este caso no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, el fiscal sostuvo en su intervención que Otegi ha incurrido en una reiteración delictiva, puesto que ha actuado en el marco de la ilegalizada Batasuna, que tienen suspendidas sus actividades desde el pasado 17 de enero.

En su intervención, Santos no se refirió en ningún momento al alto el fuego declarado por ETA, y sí explicó que Otegi está procesado en este caso por pertenencia a organización terrorista en su condición de promotor, un delito de "mera actividad dolosa y grave", explicaron las mismas fuentes.

Posteriormente, recordó que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, la prisión incondicional es una medida excepcional que ha de tomarse en función de lo establecido por el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, dependiendo de si existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

CITADO POR LA HUELGA

Otegi compareció hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en relación a los 108 actos violentos ocurridos en la huelga convocada el pasado jueves, 9 de marzo, en el País Vasco y Navarra por la ilegalizada formación abertzale.

Otegi se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros desde el 26 de mayo de 2005, imputado por un presunto delito de integración en organización terrorista, dentro de este caso, el sumario 35/02, en el que se investiga la relación de la ilegalizada formación "abertzale" con ETA y la presunta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas".

En relación a los actos violentos ocasionados en la citada huelga de Batasuna, el magistrado ha tomado ya declaración a Juan María Olano, ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía; al líder de LAB, Rafa Díez Usabiaga, a los dirigentes de Batasuna Juan José Petricorena, Pernando Barrena y Joseba Álvarez, así como a la abogada de la ilegalizada formación Arantxa Zulueta.

Tras las comparecencias, el juez ordenó el ingreso en prisión de Olano y de Petricorena, la libertad bajo fianza de Díez Usabiaga y de Barrena y la libertad sin medidas cautelares para Zulueta y Álvarez.

En el marco de este sumario, el juez decidió, el pasado 17 de enero, suspender de nuevo las actividades del partido de Otegi por dos años más.

En este sumario abierto contra Batasuna se encuentran procesadas 41 personas por integración en organización terrorista, entre quienes están los citados Otegi y Álvarez, así como José Antonio Urrutikoetxea, alias "Josu Ternera", Jon Salaberría y Joseba Permach.