En declaraciones a Servimedia, Miravert apuntó que de esta forma, el juez podría dedicarse mejor a su trabajo y evitaría que los procesos se retrasasen a causa de los numerosos recursos que suelen presentarse a las diligencias solicitadas por los jueces instructores.

En su opinión, para que el iscal tenga esa competencia plena es necesario un esfuerzo económico que permita que el representante del ministerio público pueda contar con más medios materiales de los que tiene actualmente, como, por ejemplo, una policía judicial que dependiese de él.

Agregó que la atribución de esa capacidad instructora al fiscal, acercaría el modelo español al imperante en Europa, donde es el representante del ministerio público quien investiga.