Según datos de la Memoria 2005 de la Fiscalía General del Estado, a los que ha tenido acceso Servimedia, la institución tiene contabilizadas 966 muertes en accidente de trabajo en 2005, once más que en 2004.

Estos datos, que revelan, además, 9.641 accidentados graves y 894.301 con lesiones leves, no incluyen los accidentes "in itinere".

Las diligencias abiertas como consecuencia de la muerte de los trabajadores discurren por la vía penal por presuntos delitos de homicidio imprudente.

Además, la Fiscalía abrió en 2005 otras 47.190 diligencias por delitos de lesiones con origen en accidente de trabajo, consolidándose la cifra del año 2004, cuando se registraron 47.802.

La evolución de los últimos dos años ha sido notable si se compara con lo ocurrido en 2003, cuando se abrieron 152 diligencias como consecuencia de muertes, pero sólo 21.850 por delitos de lesiones de origen laboral, menos de la mitad que en 2004 y 2005.

Por último, las diligencias abiertas por delitos de riesgos prácticamente se han incrementado en un tercio, para alcanzar las 2.345 en las relativas a riesgos dolosos y a 2.944 por riesgo culposo, referidas a los artículos 316 y 317 del Código Penal.

El primero de dichos artículos establece penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses para quienes, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo así en peligro su vida, salud o integridad física.

Por su parte, el 317 señala que, cuando esos mismos hechos se produzcan por imprudencia grave, se castigará al culpable con la pena inferior en grado.