Así consta en la Memoria presentada esta mañana durante el acto oficial de Apertura del año judicial, que presidió el rey Felipe VI acompañado del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El documento, recogido por Servimedia, señala que estas cifras “confirman la impresión general del aumento de la delincuencia en la franja de edad por debajo de los catorce años”, una circunstancia que, según el documento, es motivo de “gran preocupación” en los sectores dedicados al ámbito de la infancia y la adolescencia.

No obstante, la Fiscalía advirtió de que esta cifra debe ser tomada "con muchas reservas" debido a determinadas deficiencias en la gestión procesal, especialmente en Andalucía, y señaló que existen otras causas que pueden justificar parte de este incremento, como el correcto cumplimiento de los deberes de comunicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), las comunicaciones de los Juzgados de Familia e Instrucción y las remitidas por grupos policiales especializados en violencia de género, intrafamiliar y menores.

La Fiscalía también destacó la “seria preocupación y alarma” mostrada de forma casi unánime por las secciones de menores de distintos territorios ante “el incremento y auge de conductas cada vez más violentas realizadas por menores”. Entre las conductas señaladas figuran el aumento de las infracciones de violencia intrafamiliar, las lesiones, los delitos contra la libertad sexual y el creciente abuso o mal uso de las TIC.

Ante esta situación, la Memoria apunta que la realidad evidencia que la intervención con menores inimputables requiere una actuación temprana y multidisciplinar y reclama “dotar de una mayor infraestructura a los recursos de protección destinados a abordar la problemática con los menores inimputables”.

En este sentido, la Fiscalía destaca un programa educativo implantado en Cantabria desde enero de 2025 para la prevención e intervención con menores de 14 años remitidos por la Fiscalía de Menores. El documento señala que más de la mitad de los casos remitidos han completado el proceso educativo y que las valoraciones de los menores y sus familias han sido “muy positivas”, con una baja reincidencia durante la intervención.

La Memoria concluye que “la realidad actual impone la perentoria necesidad de trabajar con los menores de catorce años como única manera de prevenir la posterior deriva delincuencial y como única manera de crear una adolescencia sana, con valores”.