El documento recoge que el servicio que ofrecen las Oficinas de Atención a las Victimas (OAV) de violencia de género son un recurso indispensable para el asesoramiento, apoyo y acompañamiento de las víctimas.

En concreto, la Fiscalía define el sistema VioGén 2 como un instrumento también "esencial" para la valoración del riesgo y la adopción de medidas cautelares. Asimismo, destaca un refuerzo de la formación especializada para fiscales durante 2026 y 2027 relacionado con esta herramienta.

Sin embargo, en lo que se refiere a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI/Uvivg), la Fiscalía detecta factores que condicionan la adecuada prestación del servicio, tales como la “insuficiencia de personal, prestación del servicio sin exclusividad en la especialidad, retrasos en la emisión de los informes, ausencia de equipos de guardia para valoraciones urgentes, externalización creciente del servicio, falta de valoración conjunta de los profesionales; e inexistencia o implantación incompleta de unidades estables”.

De este modo, la Fiscalía incide en la necesidad de avanzar hacia un modelo “más uniforme y suficientemente dotado”, que permita garantizar un “acceso equitativo” a la pericia forense integral en España, con capacidad para atender las demandas de las secciones especializadas tanto en el ámbito penal como en el civil.

Así, la memoria asegura que “solo mediante una dotación homogénea y estable en todo el territorio será posible garantizar una respuesta pericial ágil y de calidad”, que redunde en una protección eficaz de las víctimas.

En cuanto a los mecanismos de protección, la memoria recoge que durante 2025 se solicitaron 40.205 órdenes de protección y medidas cautelares para víctimas de violencia de género, de las que 27.030 fueron acordadas, lo que supone el 67% del total, mientras que 12.912 fueron denegadas.

Respecto a las mujeres víctimas menores de edad, las medidas de protección solicitadas durante el 2025 fueron 452 (350 ante los juzgados de violencia sobre la mujer y 102 ante los juzgados de guardia).

Además, los órganos judiciales acordaron 1.515 medidas de prisión provisional y 2.081 dispositivos telemáticos de control (pulseras antimaltrato), en un contexto en el que permanecían 4.412 dispositivos activos para el seguimiento y protección de las víctimas.

La Fiscalía utiliza estos datos para constatar el amplio uso de las herramientas de protección existentes, aunque insistió en la necesidad de reforzar y homogeneizar los recursos que las sustentan para garantizar una respuesta eficaz en todo el territorio.