Es especialmente destacada la decisión de mantener la petición de siete años para el empresario porque de ser condenado a los años que pide la Fiscalía no podría eludir la entrada en prisión.

La acusación popular, que dirige el PP, ha decidido por su parte rebajar la petición de pena que solicitaba para Aldama al considerar “muy cualificada” la atenuante de confesión y su colaboración con la justicia.

El abogado del PP, Alberto Durán, explicó que su cambio de postura es “consecuencia de la colaboración prestada en el procedimiento" por el comisionista, por lo que pidió que las penas a imponer se bajen en dos grados, hasta el mínimo legal. De ese modo no se le impondría una pena de más de dos años por cada uno de los delitos que se le imputan, lo que permitiría que no entrara en prisión.