El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó este miércoles su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal Supremo. En el escrito, el fiscala solicita también una pena de siete años de prisión más una multa de 3,8 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

A Ábalos y a Koldo García les acusa e delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación, mientras que a Aldama le atribuye cohecho y uso de información privilegiada.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias provenientes del presunto cohecho de al menos, 430.298 euros.

El fiscal subraya que Ábalos aprovechó su cargo como ministro y secretario del PSOE para favorecer adjudicaciones a empresas relacionadas con Aldama, con la colaboración directa de García como asesor y gestor de fondos opacos con pagos periódicos, en beneficio económico propio y de terceros.

TRAMA Y DELITOS CLAVES

La acusación detalla que Koldo García actuó como enlace y custodio del dinero ilícito del exministro, manejando cantidades mensuales en efectivo, mientras Aldama, empresario con múltiples intereses, conseguía contratos a cambio de sobornos y facilitaba gastos personales para Ábalos.

La Fiscalía destaca en el escrito que existió un "concierto" de voluntades entre los investigados, quienes, aprovechando la posición ministerial de Ábalos, acordaron favorecer la contratación pública a cambio de beneficios económicos para los tres imputados, operando esta estructura durante varios años.

Entre los ilícitos señalados están la falsificación documental, con certificados falsos para sortear restricciones del estado de alarma, trámites arbitrarios para conceder contratos y pagos en exceso a personas allegadas, sin correspondencia con servicios reales, todo ello con el conocimiento y consentimiento del exministro.

La red incluía la adjudicación de contratos millonarios a Soluciones de Gestión para mascarillas, ampliando la compra original en un doble de la cantidad, con la colaboración de responsables en Puertos del Estado y ADIF, lo que generó ganancias millonarias para Aldama y reparto de comisiones ilegales.

PAGOS Y BENEFICIOS PERSONALES

El auto se refiere también a la compra y arrendamiento de inmuebles a precios irrisorios para Ábalos, usados como garantía para el cobro de comisiones ilegales, y al pago de alquiler de una vivienda para una persona con relación sentimental con el exministro, sufragados por empresas vinculadas al empresario Aldama.

En paralelo, se documenta la contratación irregular de personas en empresas públicas sin trabajo efectivo real, evitadas por el asesor Koldo García con pleno apoyo de Ábalos, que extienden las actuaciones fraudulentas a varios entes bajo la tutela de Transportes.

El Ministerio Público recoge citas textuales del auto en las que se advierte “la organización nació con innegable vocación de permanencia” y la detección de métodos no transparentes de comunicación sobre ingresos irregulares, fundamentos esenciales para la acusación y propuesta de condena.

Además, el documento judicial resalta cómo el lenguaje en clave del dinero manejado en efectivo, referido como 'chistorras' o 'lechugas', evidenció la existencia de fondos no declarados, reafirmando la existencia y continuidad de la trama corrupta entre los acusados.

TRIBUNAL SUPREMO AVANZA JUICIO

El fiscal presentó estas conclusiones provisionales el 19 de noviembre de 2025, miércoles, solicitando la apertura del juicio oral ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, consolidándose la fase procesal contra Ábalos, García y Aldama en esta causa especial.

El Supremo, mediante el auto del magistrado instructor Leopoldo Puente, señala que la investigación cuenta con suficientes indicios para enjuiciar a los tres principales implicados, ante los cuales se espera un proceso riguroso y ejemplarizante para evitar la impunidad.

Se incluyen además demandas de multas millonarias y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como indemnizaciones a empresas públicas afectadas, para resarcir parte del daño ocasionado por la gestión fraudulenta y corrupta en el Transportes bajo la dirección de Ábalos.

La Fiscalía apunta a la importancia estratégica de la investigación en la lucha contra la corrupción estructural, enfatizando que “aprovechando el cargo ministerial y la influencia natural” buscaban beneficiarse económicamente de "la adjudicación de contratos en la Administración pública”.