Las pesquisas se abrieron tras las denuncias de las afectadas por el incumplimiento de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentran también la exconsejera de Salud Rocío Hernández, la exviceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del SAS, Valle García, la única de todos ellos que sigue en su puesto.

Las denuncias se presentaron en el mes de octubre tras descubrirse la existencia de errores en los programas de detección precoz del cáncer de mama. Las interpusieron la Asociación del Paciente, dieciséis mujeres afectadas y los partidos Adelante Andalucía e IU.

A partir de esas denuncias, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales en las cuales recogió las declaraciones de las 16 mujeres denunciantes y los informes aportados por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias. El Ministerio Público investigaba si los errores tenían que ver con deficiencias en el protocolo de cribado, con la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes” o “dudosos”, con falta de comunicación de las pruebas realizadas o con falta de atención médica en el sistema de salud privado.

El escrito de la Fiscalía señala que los hechos denunciados no están unidos por un patrón común del que se pueda desprender una responsabilidad que vaya más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, por lo que “han de ser investigados de manera individual y separada”.

Por eso, la Fiscalía de Andalucía ha remitido las diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y lo más cerca de su entorno.