El primer paso es comprobar si la Audiencia Nacional es competente para investigar el asunto, algo que solo puede suceder si el perjuicio patrimonial infringido a los consumidores afecta a al ámbito de competencia de varias audiencias territoriales.

Para ello, la Fiscalía se ha dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) justo después de que el órgano de control sancionara a la compañía por estos mismos hechos con seis millones de euros y otros 35,5 millones de euros para compensar los daños ocasionados con los sobrecostes.

Así, el Ministerio Público pregunta a la CNMV si la sanción es firme o si están impugnada ante los tribunales y cuál es el órgano judicial donde está recurrido. También quiere saber si la conducta sancionada supuso un incremento del precio final pagado en el recibo de la luz por los consumidores y si esos sobrecostes han afectado a una parte limitada del territorio nacional y pide también una cuantificación aproximada del perjuicio patrimonial ocasionado a los usuarios.

Facua pide en su denuncia que se abra una investigación para comprobar si hubo un delito contra el mercado y los consumidores al aplicar la eléctrica precios excesivos entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 en Galicia, que le supusieron más de 43 millones de beneficios.

Cuando se resuelvan estas diligencias, la Fiscalía decidirá si hay indicios de delito suficientes para presentar una querella ante los tribunales. Un juicio así no sería una novedad, ya que Iberdrola Generación y varios de sus directivos se sentará en el banquillo a partir del próximo 17 de octubre por inflar supuestamente los precios de la luz durante una ola de frio en 2013.

En su denuncia, la organización de consumidores señala que la CNMV no encontró “circunstancias anómalas” que expliquen una subida de costes en la generación de la luz, ni la compañía ha sido capaz de justificar ese aumento de precio.