Fuentes de la Fiscalía explicaron que el objetivo del embargo preventivo de la vivienda es que la Sección Primera pueda investigar si esa propiedad pueda ejecutarse para saldar la deuda que De Juana tiene con sus víctimas en concepto de indemnizaciones, y que asciende a cerca de 8 millones de euros.

Además, la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza pide que se deduzca testimonio para que el juzgado competente de San Sebastián investigue si De Juana y su mujer Irati Aranzabal han cometido un delito de alzamiento de bienes, que consiste en ocultar bienes para no hacer frente a las deudas contraídas.

A pesar del embargo preventivo, la mujer de De Juana no tendrá que abandonar el piso y el propio etarra podrá residir en él cuando salga de la cárcel el próximo 2 de agosto ya que el único objetivo de esta medida es bloquear la propiedad para que no pueda ser vendida.

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