Así se pronuncia el Ministerio Público de Ceuta en el escrito que presentó ante el juzgado de la ciudad autónoma, apoyando que las diligencias sobre lo ocurrido en julio se trasladaran a la Audiencia Nacional.

La magistrada local, María de la Luz Lozano, acordó este martes inhibirse y elevar la causa a la jueza María Tardón de la Audiencia. Este paso contó con el respaldo de la Fiscalía, que lo plasmó en un escrito del pasado 9 de septiembre.

Precisamente en este pronunciamiento del Ministerio Público ceutí a favor de la inhibición, al que ha tenido acceso Servimedia, se indica que es necesario investigar de forma conjunta si “las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”.

"MISMO ENGRANAJE FÁCTICO"

En el escrito se apunta que las diligencias que se instruían en Ceuta no se limitan a los “hechos aislados relacionados con la entrada masiva de personas a nado”, sino que se indaga en la conducta que tuvo el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano.

En concreto, se busca analizar “las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”.

Por tanto, según la Fiscalía, “la eventual responsabilidad que se pretende investigar no aparece desconectada de los hechos que son objeto de las diligencias seguidas ante la Audiencia Nacional".

"Antes al contrario", se añade, "se inserta en el mismo engranaje fáctico, operativo e institucional: la entrada masiva desde territorio marroquí, la actuación de quienes habrían promovido o facilitado dicha entrada, la respuesta desplegada en territorio español y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes antes, durante y después de los acontecimientos”.