Así figura en la Memoria presentada esta mañana durante el acto oficial de Apertura del año judicial, que presidió el rey Felipe VI acompañado del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El documento, recogido por Servimedia, indica que las fiscalías provinciales tramitaron el año pasado un total de 2.510 informes de internamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de los que fueron resueltos favorablemente un 67%.

En las labores de inspección y control de estos espacios encomendadas a la unidad de Trata de Personas y Extranjería, los fiscales detallan "problemas estructurales de saturación". Es el caso del CIE de Aluche, en Madrid, según destaca la Memoria.

"En Murcia (CIE de Sangonera), la fiscal delegada realizó cuatro visitas al centro donde la problemática anteriormente referida tiene una especial incidencia, suponiendo prácticamente la imposibilidad de documentar expulsiones de nacionales de Marruecos y Argelia, lo que disuade a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de solicitar internamientos cuya ejecución final sería inviable. La Fiscalía de Murcia también visitó su CATE, subrayando que el centro no reúne condiciones óptimas para la estancia de personas durante las primeras 72 horas", destaca.

En las inspecciones realizadas por la Fiscalía en Las Palmas (CIE de Barranco Seco) se advierte que, "pese al elevado número de llegadas irregulares a las islas, el número real de internos es reducido, pero se subrayan deficiencias estructurales tanto en el propio CIE como en los CATE de Lanzarote y Fuerteventura, instalaciones que continúan funcionando con carácter provisional y sin condiciones óptimas para la atención de personas migrantes durante las primeras 72 horas, sin una regulación específica".