Así lo asegura la Fiscalía en una respuesta enviada a las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), que remitieron sendas cartas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para denunciar la inclusión de “ecologismo radical” en el apartado de “terrorismo nacional”.

Las ONG apuntaron este lunes que ello suponía “un importante salto de escala en la criminalización y desprestigio” de este movimiento. “El activismo ambiental es más necesario que nunca, dada la preocupante crisis ecológica que amenaza a las sociedades humanas, a las que ya está generando enorme estrés y sufrimiento, especialmente a la población más vulnerable”, añadieron. “La amenaza es la crisis ecológica, no el ecologismo radical".

Además, la Fiscalía reconoce y destaca la labor del movimiento ecologista, aspecto que las organizaciones ponen en valor y agradecen. "Asumimos, por tanto, que la mención de estos grupos en este apartado es asistemática y no resulta procedente", indica la misiva de la Fiscalía.

Además, la máxima representación del Ministerio Fiscal en España traslada que "comparte y hace propia su afirmación sobre lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protección del medio ambiente en su sentido más amplio".

"Eso queda reflejado, sin género de duda, en el apartado de la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo, no solo en la Memoria de 2023, sino en ediciones anteriores", añade.

Con ello, las organizaciones ambientales recalcaron: “No nos queda tiempo como para dar pasos atrás en la lucha por un planeta sano, sostenible y seguro. Este reconocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado al movimiento ecologista refuerza el sentido que tiene y lo necesario que es para la democracia y para seguir avanzando con los compromisos nacionales e internacionales que tenemos como país frente a la crisis ecológica y social que vivimos”.