El Ministerio Público hace esta referencia en su Memoria correspondiente al ejercicio 2026, donde hace repaso de su actividad durante el pasado año y analiza la lucha en España contra la actividad delictiva.

En este análisis, la institución que dirige Teresa Peramato hace repaso de la actuación de sus subordinados en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Esta referencia coincide con la tramitación en los tribunales de sumarios como el ‘caso Mascarillas’, ya sentenciado en parte, o el ‘caso Plus Ultra’, que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La actuación en este terreno se desarrolla en el apartado dedicado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde se habla de que existen elementos que retrasan la instrucción de estos procedimientos.

DIFICULTAD “SIGNIFICATIVA”

Se apunta que “los delitos relacionados con la corrupción, la delincuencia económica y la criminalidad organizada” constituyen “un permanente foco de preocupación para los españoles y, por ende, uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ministerio Fiscal”.

La Memoria indica que, a pesar de la “respuesta contundente” que los jueces y Fiscalía Anticorrupción, están dando a la corrupción y el crimen organizado, “año tras año persisten, no obstante, algunos de los problemas que vienen siendo detectados y expuestos en anteriores memorias”.

La institución destaca que es una dificultad “especialmente significativa” el “persistente retraso en la instrucción de los procedimientos y, sobre todo, en el señalamiento de los correspondientes juicios orales, ligado todo ello en buena medida a la compleja tramitación de las llamadas ‘macrocausas’ y a la escasez de los recursos disponibles, sobre todo humanos, necesarios para revertir esta situación”.

En cuanto a los datos, en 2025 la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contabilizó un total de 658 denuncias, un número ligeramente superior a las 638 del año 2024. En cuanto a la tipología de los delitos de los que acusó el Ministerio Público, destacan la malversación (9 escritos), prevaricación administrativa (8), y cohecho (8).

PROTECCIÓN AL “ARREPENTIDO”

En cuanto a las mejoras que la Memoria apunta que se han introducido o deben hacerse, se habla de que se ha creado el Canal del Informante y del Sistema Interno de Información del Ministerio Fiscal, bajo el amparo de la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

También se ha impulsado un plan de lucha integral con la firma de convenios entre la Fiscalía Generl y las Oficinas Antifraude autonómicas (Andalucía, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana) y la Agencia Tributaria para la formación continua de los fiscales en materias contables, financieras y económicas.

Además, la institución que dirige Peramato propone reformar la Ley de Protección de Testigos para regular la figura del "colaborador con la Justicia" (arrepentido), garantizando la reserva de su identidad para fomentar la aportación de pruebas decisivas en tramas de corrupción y crimen organizado.