A su entender, haber dividido la causa para que Anticorrupción se siga quedando con una parte supone que Delgado se ha “saltado la ley” e implica un auténtico “desafío a la supremacía” de las normas de la Unión Europea.

Tras la decisión de Delgado del pasado lunes, la causa quedará dividida en dos, de manera que la Fiscalía Europea investigará posibles delitos de malversación en el uso de fondos comunitarios para la compra de emergencia de las mascarillas durante los primeros compases de la pandemia y un posible fraude en las subvenciones con cargo a los fondos Feder.

Por su parte, Anticorrupción continuaría investigando si existió tráfico de influencias, negociaciones vedadas a funcionarios públicos y falsedad, delitos que, según sostiene, son de ámbito estrictamente nacional.

El comunicado indica que la fiscal general tomó la decisión “sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia durante la reunión de los Fiscales de Sala”, que reúne a una treintena de fiscales que componen a cúpula de la carrera y que respaldaron la decisión de Delgado por unanimidad.

La Fiscalía Europea explica que las normas españolas no contemplan la posibilidad de recurso en casos así, lo que “impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE”.

Una visión que, según la fiscalía española, orilla que las leyes establecen que en caso de conflicto de competencia corresponde la resolución a la fiscal General del Estado oída la Junta de Fiscales.