Las comunidades autónomas están obligadas por ley a aprobar estos planes anuales desde 2022 y la Ley de montes también establece que los municipios en Zonas de Alto Riesgo de Incendio también deben tener un programa específico para afrontar incendios, que debe ser supervisado por los gobiernos autonómicos.

El fiscal sostiene que la situación de las últimas semanas se debe a “la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios” y anima a los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente a investigar estos hechos.

En el escrito dirigido a los fiscales provinciales, Vercher indica que este tipo de planes van dirigidos a “evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente” al actuar con “anticipación”.

Los fiscales podrían estudiar la exigencia de “responsabilidad penal” a aquellas administraciones que “teniendo la obligación de elaborar” los citados planes no los hayan aprobado o, en su caso, a remitir la información a la administración que los pueda sancionar.