Vázquez Roso intentó supuestamente falsear documentos para cobrar ayudas europeas, dinero que al menos ha cobrado, según dchas fuentes, en la campaña 95-96. En las dos siguientes campañas, la Junta y la Agencia para el Aceite de Oliva ordenaron retener esos pagos.

Además, Arjarón está administrada por Lorenzo Pérez Montero, una persona que aparece en al menos nueve empresas investigadas por la Fiscalía por este supuesto fraude. Todas ellas le venden la aceituna a Agralsa, que lleva la materia prima a las almazaras y comercializa aceite en España y el extranjero.

Según la Cadena Ser, entre los socios de Agralsa se enuentra un militar sevillano, Rafael Ramón Morales Morillo, propietario también de una empresa que ha podido cometer otro supuesto fraude.