El Ministerio Fiscal se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que pretendía la paralización de las exhumaciones. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional desestimo la suspensión por Auto de 27 de julio.

Ahora, esta asociación ha recurrido en apelación este auto, a lo que el Ministerio Fiscal se ha opuesto. Asimismo, el Ministerio Públicio ha solicitado la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la asociación, basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable.

El Ministerio Fiscal ha alegado que la suspensión de las actuaciones de exhumación generaría en sí misma un “evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación” y, en concreto, al “cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desparecidas” establecido en los artículos 16 y siguientes de la Ley de Memoria Democrática.